La reciente difusión de un video que muestra a un hombre extrayendo reductores de velocidad con un cincel en el barrio Las Ferias ha encendido las alarmas en Bogotá, donde bandas delincuenciales llevan semanas desmantelando estos elementos viales para revenderlos - crédito @JD_Quinteror / X
La difusión de un video en el que un habitante de calle extrae reductores de velocidad a cincel en el barrio Las Ferias ha causado profunda indignación entre los bogotanos.
El hecho fue denunciado por el concejal Juan David Quintero, quien compartió las imágenes en redes y lanzó una advertencia a las autoridades. “Otro enemigo descarado de una ciudad feliz! Ahora no encuentran nada más para robar en la ciudad que dañar la calle quitando los reductores de velocidad. ¿Qué le pasa a la gente en Bogotá? Así las cosas no pueden funcionar. Llamado a la Policía y la Alcaldía”, reclamó Quintero.
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El incidente se suma a una preocupante modalidad de robo sistemático de reductores de velocidad que afecta distintas comunidades de Bogotá. Las denuncias, que provienen tanto de barrios residenciales como de sectores comerciales, señalan que bandas delincuenciales aprovechan la noche y la madrugada para desmontar estos elementos fabricados en caucho y aluminio.
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El objetivo de los delincuentes es la reventa del material o la comercialización de las piezas completas en el mercado negro. Esta práctica no solo daña el mobiliario urbano, sino que pone en peligro la seguridad vial al dejar desprotegidas zonas donde la reducción de velocidad resulta fundamental para evitar accidentes.
Vecinos de las zonas afectadas exigen un mayor patrullaje nocturno para frenar el llamado “robo hormiga” y preservar la tranquilidad de sus sectores. Las autoridades locales aseguran estar tras la pista de los responsables, priorizando la identificación de las bandas que operan bajo esta modalidad.
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Quienes sean sorprendidos dañando el espacio público en Bogotá enfrentan sanciones económicas que pueden ir de 750.000 a casi un millón y medio de pesos. Además, deben asumir la reparación del daño o realizar trabajos comunitarios. Si el caso se considera vandalismo premeditado, la ley contempla penas de uno a cinco años de prisión. El pago oportuno dentro de los primeros cinco días permite acceder a un descuento del 50 % en la multa.

El hurto de mobiliario público en Bogotá ha generado preocupación entre los habitantes de la ciudad. Las pérdidas superan los mil millones de pesos a finales de 2025 y comienzos de 2026, con más de 30.000 cestas de basura, luminarias y medidores sustraídos. Las zonas de Suba, Usaquén y Kennedy figuran entre las más impactadas, siendo la reventa de materiales reciclables el principal motor de estos delitos.
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En medio de la polémica, los reductores de velocidad, también conocidos como topes, lomos de asno o resaltos, se han convertido en un punto de debate. Fabricados con materiales como caucho reciclado, plástico de alta densidad, asfalto, hormigón o metal, estos dispositivos buscan mejorar la seguridad vial. Su función es obligar a los conductores a disminuir la velocidad, especialmente en zonas escolares o residenciales, lo que contribuye a disminuir accidentes y proteger a los peatones.
Ante esta situación, la reacción de los ciudadanos no se hizo esperar en redes sociales. Entre las opiniones, algunos manifestaron su inconformidad con los dispositivos: “Ojalá los quite todos, es el peor invento para reducir la velocidad, lo que hace uno es aumentar la velocidad y así tratar que no le desajuste el carro, porque eso es lo que hace esos topes, desajustar los carros”. Otros apuntaron a la falta de consecuencias: “Y saben por qué lo hace? Porque saben que nada pasa”.
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El precio de los reductores de velocidad fabricados en caucho o PVC reciclado ronda entre 135.000 y 180.000 pesos colombianos por metro lineal. En el debate también surgieron posiciones extremas, como la de quienes consideran justificable el vandalismo: “Es apenas lógico que vandalicen mobiliario público para sobrevivir, pero la policía solo se limita a despertarlos a patadas en las mañanas”.
El descontento se expresa de distintas formas, desde quienes proponen eliminar los reductores hasta quienes critican a quienes graban los hechos: “El que filma es más ladrón que el que hace el daño”. Otros, en tono irónico, agregan: “Yo le echo un balde con agua”. También hay quienes denuncian la falta de control en los centros de reciclaje: “Tampoco hay control en esas bodegas de reciclaje que receptan cualquier cosa sin verificar, cosa que alienta ese negocio”.
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