El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, negó la existencia de una alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en el litoral del San Juan, en el departamento del Chocó, y cuestionó los señalamientos contenidos en un reciente informe divulgado por algunos medios de comunicación en las últimas horas.
A través de un comunicado emitido este 3 de marzo de 2026, el grupo armado aseguró que la información publicada sobre una supuesta coordinación con esa estructura disidente “presenta un informe falso, sobre una imposible alianza entre el EGC y el frente Jaime Martínez”.
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El pronunciamiento responde a un contexto de alertas institucionales sobre la situación humanitaria en la región. La Defensoría del Pueblo reportó el confinamiento forzado de 1.367 personas, correspondientes a 465 familias de comunidades negras e indígenas, que enfrentan restricciones de movilidad que les impiden realizar actividades básicas como la pesca, la caza y la agricultura.
En su comunicado, el EGC rechazó “enérgicamente esta mentirosa versión” y afirmó que los reportes están basados en alertas tempranas emitidas por la Defensoría desde el año anterior. Además, atribuyó la responsabilidad de los hechos de violencia en la zona al ELN.
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“Es la criminal guerrilla del autodenominado ELN quien ha golpeado de forma inclemente a las comunidades étnicas del área, decretando varios paros armados, que producen el confinamiento de todos los habitantes”, señala el documento.
El informe que motivó la respuesta del grupo armado describe un escenario de disputa territorial en corredores estratégicos que conectan la cuenca del río San Juan con el océano Pacífico, utilizados para economías ilegales como el narcotráfico, la minería y la extracción de madera.
Según la Defensoría, la situación también incluye la circulación de panfletos en los que se declara “objetivo militar” a quienes no se vinculen con los grupos armados o sean señalados como colaboradores de organizaciones rivales.
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El organismo documentó además el uso de drones con explosivos y advirtió sobre la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales, así como el reclutamiento forzado de menores. A finales de 2025 se registraron siete casos de este tipo, mientras que actualmente 324 estudiantes no reciben clases debido a las condiciones de seguridad.
Frente a estos señalamientos, el Clan del Golfo afirmó: “Nuestra organización no siembra minas, y mucho menos recluta forzosamente menores de edad o jóvenes para sus filas”.
El grupo también cuestionó directamente a la Defensoría del Pueblo y su papel en la difusión de las alertas. “Preocupa que un ente que debe ser imparcial como la Defensoría del Pueblo, se preste para hacer este tipo de denuncias, que solo buscan afectar nuestra imagen”, indica el comunicado.
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En paralelo, la Defensoría ha advertido sobre impactos en la salud de la población, incluyendo casos de mujeres con crisis hipertensivas severas que no han podido ser evacuadas ni recibir atención médica debido a las restricciones de movilidad.
El documento oficial también señala que las dinámicas de control territorial han afectado la autonomía de organizaciones étnicas locales, que en algunos casos deben solicitar autorización a grupos armados para desplazarse dentro de sus propios territorios.
En respuesta a este panorama, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 010 e hizo 17 recomendaciones a entidades del Estado, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, con el fin de implementar medidas urgentes de protección, asistencia humanitaria y contención de la violencia.
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Mientras las autoridades insisten en la existencia de riesgos derivados de la presencia y posible articulación de distintos actores armados en la región, el Clan del Golfo mantiene su posición de negar cualquier alianza y responsabiliza a otros grupos de la situación en el litoral del San Juan.
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