En video quedó la agresión de un repartidor de Rappi a un adulto mayor, presuntamente porque no le cedió el paso en una vía de Bogotá

Las agresiones recientes protagonizadas por repartidores de plataformas de domicilio en Bogotá han generado preocupación entre los habitantes, especialmente tras la difusión de nuevos videos que muestran ataques violentos contra conductores particulares.

El caso más reciente, ocurrido junto a una panadería en la calle 123 con carrera 7A, expone cómo un adulto mayor fue agredido dentro de su vehículo por no avanzar con la rapidez exigida por los domiciliarios.

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Las imágenes captadas por testigos revelan que los repartidores actuaron en grupo, rodeando el automóvil, bloqueando el tráfico y confrontando al conductor con gritos e intimidaciones. Incluso, un uniformado de la Policía estuvo presente en la escena, aunque no logró frenar la agresión.

“Mi pregunta es y el policía que estaba porque no hace nada? Es que a ellos si les tienen miedo”, expresó una usuaria en redes sociales, reflejando el malestar ciudadano ante la aparente inacción de las autoridades.

El incidente no es un hecho aislado. Usuarios en redes sociales y grupos de apoyo han reportado un crecimiento sostenido en los ataques cometidos por domiciliarios, quienes, según las denuncias, “se organizan rápidamente para rodear y violentar a conductores”, lo que genera temor y desconfianza en las vías de la capital.

En una semana marcada por episodios similares, otro video se hizo viral tras registrar una discusión en la calle 102 con carrera 19, donde un conductor reclamó a un repartidor por ignorar una señal de pare.

La confrontación escaló rápidamente, según la cuenta Pasa en Bogotá, el repartidor involucrado en la disputa convocó a otros compañeros, quienes persiguieron al conductor hasta interceptarlo en la carrera 19 con calle 109. Una vez allí, lo habrían rodeado y atacado, causando daños materiales en lo que los testigos describieron como “una emboscada”.

En redes sociales los bogotanos se pronunciaron: “Si no están haciendo fleteos, están robando celulares, están sobre los andenes, están comiendo o robando los domicilios o agrediendo a los ciudadanos. Esa es la cultura motera”, comentó otro usuario.

Y otra persona agregó: “Dejen de pedir por esas aplicaciones. Tienen el peor servicio, vayan a los puntos o pidan directo. Se la pasan incumpliendo normas de tránsito, entregando mal los pedidos y aparte bravos”.

En palabras de un vecino afectado: “Eso sin contar los que atracan y usan las maletas como despiste para las autoridades”. Las denuncias también señalan la supuesta falta de filtros y controles por parte de las empresas, lo que, según los denunciantes, permite que personas con antecedentes o intenciones delictivas utilicen la plataforma para delinquir.

La reiteración de estos episodios ha motivado a los residentes del norte de Bogotá a exigir mayor presencia policial y controles efectivos sobre los repartidores, así como una respuesta contundente por parte de las compañías de aplicaciones de domicilios.

En redes sociales también recuerdan que El Código de Policía contempla sanciones económicas para quienes incurran en comportamientos agresivos en la vía, estableciendo multas tipo 4 que corresponden a 32 Smdlv. Cuando la agresión es grave y causa lesiones físicas, la situación puede escalar a delitos como lesiones personales o tentativa de homicidio.

En los casos donde exista afectación a los vehículos, la persona responsable debe responder por los daños materiales ocasionados. Además si un conductor circula en sentido contrario en Bogotá, comete una infracción grave identificada con el código D03. Esta falta implica una multa de 30 Smdlv, la inmovilización del vehículo y el pago de los servicios de grúa y patios.

De forma paralela, el Gobierno Nacional está avanzando en un decreto que regulará las condiciones laborales de los repartidores de plataformas digitales.

El objetivo es brindar un marco legal que establezca derechos y obligaciones claras para quienes trabajan en aplicaciones como Rappi o DiDi Food. Esta iniciativa responde a la necesidad de dotar de mayor protección social a quienes forman parte de la economía colaborativa y hasta ahora carecían de respaldo jurídico suficiente.