Diputada del Magdalena sufrió un atentado con sicarios en moto en Santa Marta: partido político rechazó lo ocurrido

La diputada del Magdalena por el partido Alianza Verde, Rosita Jiménez, fue víctima de un ataque sicarial mientras se desplazaba en su vehículo blindado por la troncal del Caribe, en inmediaciones de Santa Marta (norte de Colombia).

Los hechos se registraron en la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando la asambleísta se desplazaba por el sector conocido como Don Jaca, a las afueras de la capital del departamento de Magdalena, en una camioneta asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Según información recopilada por el medio local Hoy Diario del Magdalena, dos hombres a bordo de una motocicleta negra interceptaron la camioneta cuando Jiménez pretendía desplazarse hasta el municipio de Ciénaga, y dispararon en al menos cinco ocasiones contra las ventanas del vehículo.

Por fortuna, ninguno de los proyectiles logró penetrar el blindaje y no se reportaron heridos. De inmediato, la diputada se trasladó a la estación de Policía en el barrio La Paz, donde se activó un operativo de búsqueda de los agresores, sin que hasta el momento se hayan producido capturas.

La Asamblea departamental, por medio de un comunicado, solicitó a las autoridades competentes que aceleren las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar la integridad de Jiménez y de otros dirigentes de la región.

La corporación también manifestó su preocupación por la vulneración de derechos fundamentales y la amenaza permanente al ejercicio democrático en el departamento.

En palabras de Amed Zawady Púpo, presidente de la corporación, se ratificó el compromiso institucional con la defensa de la vida, la democracia y el libre ejercicio de la política.

A su vez, la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) califica el atentado como una grave vulneración al derecho a la vida y la integridad personal de la funcionaria, lo que, según la organización, afecta el ejercicio libre de la representación política garantizada por la Constitución Política de Colombia.

“En ese sentido, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adelantar de manera inmediata, rigurosa y efectiva las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechas (...) Identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, manifestaron.

Entre tanto, el partido Alianza Verde también expresó su repudio frente al ataque contra la dirigente samaria.

“Es inaceptable que se busque silenciar a las mujeres que se atreven a participar en la política y a defender los derechos de los más vulnerables”, declaró la colectividad en un comunicado.

También, el movimiento político pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para ubicar y conocer a los responsables del hecho.

“Solicitamos al Gobierno Nacional y a los organismos competentes reforzar su esquema de seguridad de forma urgente y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la diputada Rosita Jiménez y la de su familia, garantizando su integridad y el libre ejercicio de sus funciones”, puntualizaron.

Los pronunciamientos de las entidades oficiales plantean un nuevo foco de atención ante el contexto de inseguridad que enfrentan quienes ejercen liderazgo público en Magdalena.

No es el primer ataque en su contra

La diputada Rosita Jiménez ha sido blanco de ataques y amenazas en reiteradas ocasiones.

Según la política en declaraciones a la opinión pública, en 2021 fue víctima de un atentado en la misma vía donde ocurrió el actual episodio.

Incluso, en ese mismo año, fue víctima de una serie de amenazas, así como un mensaje intimidatorio vinculado a su actividad política.

“En Magdalena algunos quieren seguir sembrando miedo, zozobra, terror y angustia, la época en la que esto funcionaba acabó. No me amedrentan. Seguimos adelante”, señaló la lideresa en su momento.

Además, en noviembre de 2024, un panfleto con el mensaje “José Galo, Rosita Jiménez descanse en paz” acompañado de disparos fue dejado en el garaje de su residencia, hecho que fue rechazado por la Alianza Verde y que motivó la intervención del entonces gobernador Rafael Martínez.