Un oficial del Ejército fue condenado por la Justicia Penal Militar a 24 meses de prisión tras admitir que entregó coordenadas falsas durante un operativo en Vichada entre el 1 y el 9 de octubre de 2025, según informó la Fiscalía Militar y Policial.
La sentencia se dictó tras un preacuerdo en el que el militar reconoció su responsabilidad en los delitos de desobediencia y falsedad ideológica.
La decisión judicial detalló que el oficial permaneció en la institución educativa de la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera, área señalada como “prohibida para uso militar” por su vulnerabilidad y la presencia de población civil, según la resolución.
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A pesar de las restricciones, el uniformado reportó información incorrecta en documentos oficiales y suministró datos erróneos para la planificación de movimientos tácticos, lo que alteró el desarrollo de los operativos en la zona.
El proceso judicial incluyó la presentación de pruebas técnicas y documentales, según expuso el fiscal 2229 especializado, confirmando la actuación irregular durante la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad No. 27 del Batallón de Ingenieros de Combate No. 28.
El fallo fue emitido en medio de las acciones militares orientadas a ubicar a integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento, como parte de los operativos contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.
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Procuraduría impuso fuerte sanción a teniente coronel por acoso laboral
La destitución e inhabilidad durante 10 años impuesta a la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez marca un precedente en la administración pública colombiana. La sanción, dictada por la Procuraduría General de la Nación, responde a una investigación por acoso laboral en la que la funcionaria, que se desempeñaba como juez primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, fue hallada responsable de maltrato y persecución contra una subalterna con rango de mayor.
La resolución, emitida en primera instancia, detalla que Zuleta Gómez habría utilizado su posición para intimidar a su subordinada, recurriendo a burlas sobre su equipo de cómputo y a comentarios sobre aspectos personales de su vida. El análisis psicológico realizado en el proceso determinó que estos actos produjeron ansiedad y depresión en la víctima.
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La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las conductas como gravísimas y dolosas, señalando que la exjuez transgredió el deber funcional y el principio de moralidad. El fallo advierte que los hechos afectaron directamente el servicio público y la convivencia interna del Ejército Nacional, al vulnerar principios como el respeto y la dignidad, considerados esenciales para los miembros de la institución.
Según la Procuraduría, el liderazgo en cargos de mando debe basarse en el respeto mutuo y la convivencia sana, condiciones que no se cumplieron en este caso. El ente de control destacá que la equidad y la integridad son valores indispensables para quienes ejercen funciones dentro de la jurisdicción penal militar.
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La decisión busca consolidar una postura firme frente a las conductas de acoso laboral dentro del sector oficial. Desde la Procuraduría se ratifica que el respeto a los derechos laborales y la promoción de ambientes libres de hostigamiento son principios fundamentales para todos los servidores públicos, incluyendo aquellos con funciones de mando.
El proceso administrativo también pone de relieve el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la erradicación de prácticas abusivas en el ámbito institucional. La entidad resalta que garantizar entornos laborales respetuosos y libres de intimidación; es una obligación que recae sobre todos los funcionarios.
La investigación concluyó que la conducta de la teniente coronel no solo perjudicó derechos individuales, sino que además comprometió los valores institucionales que sostienen el funcionamiento del Ejército.
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