Un nuevo cruce público reavivó la tensión entre el Gobierno nacional y el sector empresarial por cuenta de las reglas laborales. Esta vez, el intercambio se produjo en la red social X entre el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en el contexto de la demanda contra el Decreto 234 de 2026.
El origen del desacuerdo está en esa norma, que regula aspectos de la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. Según el gremio, el Gobierno fue más allá de lo que le permite la ley al expedirla, por lo que pidió su anulación ante la justicia administrativa.
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En medio de ese escenario, el ministro publicó un mensaje en el que señaló: “Al antisindicalismo abusando de la falacia para debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores en la negociación de sus pliegos y sus derechos”. La afirmación fue interpretada como una crítica directa a la posición de los empresarios frente al decreto.
La respuesta de Cabal no se hizo esperar. “No ayuda la descalificación ni la estigmatización. Tampoco es leal con el compromiso de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo de respetar el tripartismo”, escribió, en referencia al modelo en el que participan Gobierno, empleadores y trabajadores en la definición de políticas laborales.
Para entender el trasfondo del debate, es necesario explicar qué está en discusión. El Decreto 234 introduce cambios en la forma en que se negocian las condiciones laborales. De acuerdo con el documento presentado por Fenalco , uno de los puntos centrales es la creación de un esquema de negociación colectiva en varios niveles, lo que implica que distintos grupos de trabajadores puedan negociar de manera coordinada bajo un mismo pliego, una sola mesa y un único acuerdo.
El gremio sostiene que ese modelo “no existe en la legislación vigente” y que, en la práctica, modifica las reglas actuales. También advierte que el decreto “reproduce contenidos normativos que fueron expresamente excluidos por el Congreso”, lo que, a su juicio, implica que el Ejecutivo estaría legislando sin autorización.
Otro de los aspectos señalados tiene que ver con las obligaciones para las empresas. Según el comunicado, la norma exige entregar información económica y estratégica a los representantes de los trabajadores. En palabras del documento, esto “obliga a las empresas a revelar información sensible sin que exista una ley que lo autorice”, lo que podría afectar la confidencialidad y la operación de los negocios.
El gremio también menciona posibles efectos sobre los sindicatos más pequeños. De acuerdo con la demanda, el decreto fija condiciones de representatividad que podrían reducir su participación en las negociaciones, lo que limitaría su capacidad de incidencia.
Además, se cuestiona la posibilidad de que trabajadores que no hacen parte de un sindicato tengan que asumir costos derivados de acuerdos colectivos. Fenalco advierte que esto podría traducirse en un pago obligatorio sin haber participado en la negociación, lo que, según el texto, “rompe principios básicos del sistema democrático y del derecho laboral”.
En su respuesta en X, Cabal insistió en que el camino debe ser otro. “Aquí se requiere discusión técnica, franca y respetuosa y no la imposición autoritaria”, afirmó. También señaló que tanto las organizaciones de empleadores como los sindicatos tienen respaldo constitucional, por lo que pidió evitar que el debate se traslade al terreno de los señalamientos.
El dirigente agregó que el gremio ya había advertido sobre posibles problemas jurídicos antes de la expedición del decreto. “Advertimos oportunamente sobre la inconstitucionalidad del proyecto de decreto y se impuso un diálogo de sordos. Hoy actuamos en derecho, ejerciendo el medio de control de nulidad”, explicó.
Con la demanda en curso, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que determine si el Decreto 234 se mantiene o se suspende.
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