‘El Gringo’, disidente de las Farc que habría participado en el secuestro y asesinato de periodistas ecuatorianos, busca quedar en libertad: cuál es la justificación

El nombre del disidente de las Farc Carlos Arturo Landázuri Cortés volvió al centro del debate judicial tras conocerse un expediente que revela su insistente estrategia para obtener la libertad, pese a estar acusado de participar en uno de los crímenes más graves contra la prensa en la región.

Se trata del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio en 2018, un caso que aún genera repercusiones entre Ecuador y Colombia.

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De acuerdo con El Tiempo, la solicitud de excarcelación fue rechazada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, que el 6 de marzo de 2026 concluyó que su liberación representaría un “grave riesgo para la sociedad” y para el desarrollo del proceso.

Según el fallo, existen pruebas que lo ubican como pieza clave dentro del frente armado Oliver Sinisterra, organización responsable del crimen.

De acuerdo con la investigación, Landázuri habría sido hombre de confianza de Walter Patricio Arízala, líder de esa estructura criminal en el momento de los hechos.

El crimen que sacudió a dos países

El expediente tomado por el medio citado indica que el grupo ejecutó el secuestro y posterior asesinato de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron retenidos el 26 de marzo de 2018 mientras realizaban un reportaje en la provincia de Esmeraldas.

Semanas después, tras el fracaso de negociaciones con el gobierno ecuatoriano, el grupo confirmó su asesinato en zona rural de Nariño. El crimen provocó una crisis diplomática y un fuerte rechazo internacional, al tratarse de civiles ajenos al conflicto armado.

El proceso judicial detalla que Landázuri fue capturado en enero de 2024 en Ecuador, en una operación conjunta entre autoridades de ambos países.

Su detención se produjo en la provincia de Imbabura y su posterior deportación a Colombia fue coordinada por la Policía ecuatoriana, encabezada por César Augusto Zapata, en el marco de una ofensiva binacional contra estructuras narcotraficantes.

Tras su traslado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que en diciembre de 2025 le imputó delitos como secuestro extorsivo, homicidio agravado, concierto para delinquir y tráfico de armas.

De hombre de confianza a pieza clave en una estructura criminal letal

El historial criminal de “El Gringo” supera los 14 años. Inició en la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc y posteriormente ascendió hasta convertirse en jefe máximo de la estructura Oliver Sinisterra tras la muerte de Arízala.

Desde entonces, las autoridades le atribuyen operaciones de narcotráfico internacional, ataques armados y coordinación de acciones criminales en la frontera.

Testimonios de exintegrantes del grupo lo señalan como responsable de decisiones clave, incluso posteriores al asesinato de las víctimas. Investigaciones también lo vinculan con atentados como la activación de un coche bomba en Esmeraldas en 2018 y alianzas con organizaciones como Los Lobos en Ecuador, consolidando una red delictiva transnacional.

Lo que dice su defensa de “El Gringo”

La defensa de “El Gringo” sostiene que su proceso ha carecido de garantías, argumentando que la audiencia de imputación se realizó sin su abogado de confianza y bajo una incapacidad médica, por lo que se designó un defensor público. Esta situación constituye, a su juicio, una violación del derecho al debido proceso.

No obstante, la representación de las víctimas advirtió al juzgado que liberar a Landázuri no solo implicaría un riesgo de fuga por el carácter internacional del caso y la gravedad de los delitos, sino que favorecería la revictimización, dada su presunta posición de liderazgo y la posible existencia de redes criminales activas que obstaculizarían las investigaciones.

En palabras del juzgado, “es altamente probable que esté vinculado a una organización criminal, que sea culpable de un número plural de delitos y que haya utilizado armas de fuego para ello”.

A este proceso fueron incorporados tres testimonios que lo señalan como posible responsable de impartir órdenes para enterrar los cuerpos de los periodistas.