La captura y judicialización de una mujer acusada de tortura agravada y violencia intrafamiliar en El Cerrito marcó un hecho relevante en el combate contra el maltrato infantil en el Valle del Cauca.
Un juez ordenó la detención preventiva de la acusada tras una investigación que documentó múltiples agresiones graves y sostenidas contra su hijo de 12 años.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue arrestada en el municipio de El Cerrito luego de que las autoridades judiciales reunieran pruebas que la señalan por agredir física y psicológicamente a su hijo de manera reiterada entre 2024 y 2025.
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De acuerdo con los informe policiales, citados por medios regionales, el niño habría sido víctima de episodios frecuentes de maltrato dentro del entorno familiar, particularmente en una vivienda del barrio El Porvenir, el 14 de noviembre del 2025.
Las investigaciones señalan que estos ataques no fueron incidentes aislados, sino parte de una situación persistente que afectó gravemente a la víctima durante dos años.
Aquel día de novimebre, la madre calentó un cuchillo y lo aplicó sobre las manos de su hijo como supuesto castigo por la pérdida de un dinero en el hogar.
La Fiscalía y los jueces que analizaron el caso reiteraron que, además del uso del cuchillo caliente, existía un patrón de maltratos físicos y psicológicos continuos que agravaron el estado del menor.
La captura de la mujer se efectuó el 10 de marzo de 2026 en el barrio Centro de El Cerrito, en un operativo dirigido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.
Aunque la acusada no aceptó los cargos en la audiencia, un juez de control de garantía de Cali la imputó, como ya se mencionó, tortura agravada y violencia intrafamiliar
Un hombre es capturado en Agustín Codazzi por amenazar a su pareja con una pipeta de gas
Un hombre de 41 años fue capturado en el barrio 7 de Agosto, Agustín Codazzi, departamento del Cesar, tras presuntamente amenazar con prender fuego a su pareja utilizando una pipeta de gas propano abierta y un encendedor, el 15 de marzo del 2026.
La intervención policial, motivada por las alertas de la comunidad, evitó que la amenaza derivara en lesiones graves. Por disposición judicial, el implicado permanece bajo detención, mientras la Fiscalía avanza en el proceso por violencia intrafamiliar agravada, una conducta que en Colombia puede ser sancionada con hasta doce años de prisión cuando se acredita riesgo vital para la víctima.
El caso no constituye un episodio aislado en la región. Valledupar reportó 62 casos de violencia intrafamiliar solo en enero de 2026; de estos, 42 correspondieron a agresiones contra la pareja, 14 a otros familiares, cinco afectaron a niños y uno a un adulto mayor, conforme a los registros de Medicina Legal.
Estos datos ilustran la persistencia y gravedad del fenómeno en el departamento del Cesar y evidencian la vulnerabilidad de las mujeres frente a la recurrencia de este tipo de violencia en el entorno familiar.
Los hechos ocurrieron cuando uniformados realizaban labores de control y fueron alertados por vecinos ante los gritos procedentes de una vivienda. Los agentes encontraron al hombre con el cilindro de gas abierto en el exterior del domicilio. Al percatarse de la presencia policial, el individuo ingresó al interior donde reanudó las amenazas contra su pareja.
La patrulla ingresó de inmediato y logró interceptarlo antes de que materializara la amenaza. “La rápida reacción de los uniformados permitió proteger la integridad de la víctima y evitar que la situación escalara a hechos de mayor gravedad”, destacó el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, en declaraciones recogidas por El Tiempo.
El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía y presentado ante un juez, quien le impuso medida de aseguramiento intramural dada la peligrosidad del hecho y el nivel de amenaza sobre la víctima, reportó Infobae.
Actualmente, la identidad del capturado se mantiene bajo reserva por garantía de presunción de inocencia. Permanece custodiado por las autoridades mientras se define su situación jurídica.
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