Desde el 16 de marzo, Infobae Colombia reveló detalles de la denuncia que realizó la Red de Veedurías de Colombia sobre posibles irregularidades en los procesos de licitación, señalando que los pliegos de condiciones estarían diseñados para favorecer a un grupo reducido de empresas del sector de seguridad privada.
Más de 190.000 millones de pesos en contratos de vigilancia del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) están bajo investigación tras la denuncia que ha sido replicada a nivel nacional.
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El documento menciona contratos en varias regionales como Meta, Cundinamarca, Risaralda y Sucre, donde se presentó una sola empresa como proponente, lo que restringiría la competencia. Entre los requisitos exigidos figuran títulos de posgrado, acreditaciones específicas y experiencia directiva, condiciones que solo un número limitado de empresas puede cumplir.
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La denuncia apunta a que estos parámetros replican perfiles utilizados en otros procesos contractuales de entidades públicas y podrían consolidar un patrón de adjudicación repetitiva. La Red de Veedurías solicitó investigar la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los funcionarios implicados y adoptar medidas para evitar la concentración de la contratación pública en pocas manos. También incluyó pruebas documentales y casos similares en otras instituciones.
Nuevos detalles de la denuncia
Infobae Colombia tuvo acceso a un nuevo documento con el que la Red de Veedurías de Colombia ahondó en los señalamientos contra el Sena, que está dirigido al procurador Gregorio Eljach Pacheco y al contralor Carlos Rodríguez.
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En la nueva denuncia se advierte sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en varias de sus regionales.
El documento, firmado por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, detalla que en estos procesos se evidencian condiciones de participación restrictivas y la presencia de un único proponente en cada caso, lo que, según RED VER, plantea riesgos de opacidad y direccionamiento en la adjudicación de contratos millonarios.
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En el caso de Sena Risaralda, la queja señala la inclusión de perfiles excluyentes y requisitos desproporcionados que habrían limitado la competencia. El proceso, cerrado el 19 de marzo, motivó solicitudes de revocatoria directa por parte de empresas interesadas, que argumentaron falta de justificación en las exigencias.
Para Sena Meta, el contrato fue adjudicado a la Unión Temporal UT Alianza DI Seguridad, con un valor aproximado de 3.000 millones de pesos, mientras que en Sena Valle la adjudicataria sería la Unión Temporal KSC Alianza 09, donde figura la firma Servigpoder, con contratos acumulados superiores a 17.000 millones de pesos.
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La denuncia sostiene que los funcionarios responsables habrían incurrido en omisión de deberes legales, aplicación de criterios disímiles y abuso de posición dominante. El documento menciona posibles vulneraciones a principios de la función administrativa como el debido proceso, igualdad, imparcialidad y responsabilidad, citando artículos relevantes del Código de Procedimiento Administrativo y del régimen disciplinario colombiano.
La Red de Veedurías Colombia solicita la investigación disciplinaria y fiscal sobre la actuación de los funcionarios implicados y la imposición de sanciones, argumentando que la reiteración de estas prácticas afecta la moralidad pública y el patrimonio colectivo. El escrito incluye antecedentes legales y referencias a sentencias que respaldan las denuncias de omisión y trato diferenciado en la administración pública.
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En diálogo con Infobae Colombia, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, indicó que la red amplía las quejas formuladas ante la Procuraduría y la Contraloría General por las presuntas irregularidades en la modalidad de pliego sastre en la contratación del Sena por cerca de 190.000 millones de pesos.
“En este caso se documentan respecto a la estructuración con respecto a recursos o requisitos técnicos, financieros y de experiencia desproporcionados y altamente específicos que excluyen la participación mayoritaria de otras empresas, afectando la libre concurrencia, la selección objetiva y los principios generales de la función y gestión públicas. En este caso concreto, se documentan los señalamientos frente al Sena Risaralda, Sena Meta y Sena Valle del Cauca, donde existirían, como señalamos, las exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o mejor terminaron siendo con único proponente”.
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