Colombia está expuesa a racionamientos y alzas en los precios de energía y combustibles: fuerte llamado de atención al Gobierno Petro

La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre el riesgo de desabastecimiento energético que vive Colombia por la ausencia de nuevos proyectos y la falta de pago de las deudas acumuladas.

La entidad advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento de energía y aumentos en los precios de energía y combustibles si no se toman acciones urgentes. Según la misma, el acceso universal a energía eléctrica continúa siendo un desafío estructural y, sobre todo, en las zonas rurales y territorios históricamente rezagados, por lo que llamó la atención del Gobierno para que implemente medidas de emergencia para fortalecer la seguridad del suministro energético.

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Al respecto, el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que los principales riesgos energéticos en Colombia incluyen posibles racionamientos, aumento en las tarifas y una brecha persistente de acceso a la electricidad. Un informe sectorial, publicado el 18 de marzo de 2026, expone cifras como un horizonte de autosuficiencia en reservas de gas y de viviendas aún sin energía eléctrica.

Dentro de las recomendaciones que hizo durante el Foro “Abastecimiento con calidad y almacenamiento energético en Colombia 2020-2030”, figura consolidar la administración energética y priorizar inversiones para garantizar la estabilidad del suministro nacional.

Riesgos y desafíos en el sector de gas natural

En el informe, indicó que la producción de gas disponible para la venta es menor a la fiscalizada de manera oficial. Durante 2024, solo el 67% del gas extraído se comercializó, situación que llevó a importar gas natural licuado para cubrir la demanda interna.

Además, las reservas probadas de gas muestran un horizonte de autosuficiencia de 5,9 años, mientras que las de petróleo alcanzan solo 7,2 años. El reporte advierte que el agotamiento de campos y la baja incorporación de nuevas reservas incrementan el riesgo de desabastecimiento desde 2026, en especial, en el interior del país. La falta de proyectos de regasificación en la costa Pacífica y la ausencia de redundancias en el transporte agravan este panorama.

La Contraloría señaló alternativas para diversificar la importación de gas, por lo que destacó terminales como Buenaventura, La Guajira y Coveñas. Además, reiteró la urgencia de invertir y planificar para asegurar la cobertura futura.

Importación de combustibles y desafíos logísticos

En cuanto a combustibles líquidos, el estudio reportó que el 40% de la gasolina motor consumida en Colombia es importada. Además, la falta de nuevos proyectos de refinación podría aumentar la dependencia de importación de Acpm (diésel) en los próximos años, lo que impactaría en los subsidios.

Sobre el gas licuado de petróleo (GLP), el informe resalta el uso fundamental en zonas rurales, pero advierte que la limitada capacidad de almacenamiento y problemas logísticos podrían interrumpir el suministro en regiones apartadas. La Contraloría enfatizó que estas deficiencias amenazan el acceso regular a combustibles esenciales fuera de los grandes centros urbanos.

De igual manera, resaltó la necesidad de fortalecer la infraestructura logística para garantizar el abastecimiento y la estabilidad de precios internos.

Brecha en el acceso a la energía eléctrica

El acceso desigual a la electricidad sigue siendo uno de los retos más persistentes en Colombia. “Actualmente, más de 1,37 millones de viviendas aún no cuentan con servicio eléctrico. Mientras que en la zona urbana la cobertura se acerca al 99%, en las áreas rurales apenas alcanza el 73,6%”, afirmó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

El cierre de esta brecha exigiría “inversiones superiores a los treinta y dos billones de pesos”, remarcó el funcionario. El informe identificó además importantes diferencias en la calidad del servicio según la región.

La Contraloría indicó que, pese a los fondos existentes, la gestión de recursos sufre altos niveles de fragmentación y baja ejecución. Propuso consolidar la operación bajo el Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía), para optimizar recursos y acelerar la expansión del acceso eléctrico.

Energías renovables y riesgos internacionales

La transición energética es uno de los ejes estratégicos destacados en el documento. La entidad proyecta que las energías renovables podrían aportar “una tercera parte de la generación eléctrica hacia 2030”, siempre que avancen proyectos como Hidroituango y se incremente la capacidad de almacenamiento en baterías hasta 1.500 megavatios (MW).

Al analizar factores externos, la entidad advirtió que la volatilidad internacional—marcada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente—incide en los precios y el abastecimiento energético nacional. Esto confirma la necesidad de fortalecer la capacidad de abastecimiento interno y revisar las metas de renovables y almacenamiento.

La recomendación final es adaptar la planeación energética para responder a escenarios de incertidumbre global y asegurar un suministro estable.

Llamado al Gobierno y necesidades de articulación energética

La Contraloría General de la República concluyó que la respuesta a los riesgos de racionamiento y aumento de costos energéticos debe integrar la expansión de la cobertura eléctrica con un suministro real y sostenible. “Alcanzar para quien pretenda formular la propuesta, por ejemplo, de universalizar y llegar a todos los hogares con energía eléctrica, requiere inversiones superiores a los $32 billones”, insistió Rodríguez al presentar el informe.

Ante esto, la entidad solicitó al Gobierno organizar políticas que permitan acortar las brechas, garantizar precios justos y asegurar la sostenibilidad del sistema energético. Sostuvo que los esfuerzos deben proteger a los usuarios, mantener la estabilidad de las tarifas y resguardar los recursos públicos.