Reemplazar las gobernaciones por regiones autónomas: experto señaló los límites legales y políticos de esta idea

En medio de la campaña electoral, la candidata presidencial Sondra Macollins sorprendió al proponer eliminar las 32 gobernaciones y reemplazarlas por regiones autónomas, iniciativa en la que, según la abogada, se apoyaría en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política.

Macollins afirmó que el modelo departamental actual concentra el poder en el centro del país y fomenta la burocracia, obstaculizando el desarrollo local, haciendo que se necesite una descentralización real y mayor protagonismo para los alcaldes, eliminando la intermediación de los departamentos entre municipios y el gobierno central.

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La candidata, penalista con casi 30 años de experiencia, presentó esta propuesta como parte de un programa orientado a “devolver el poder a los ciudadanos” y disminuir trabas institucionales. Macollins indicó que su idea es positiva y que solo falta voluntad política para implementarla.

¿Es posible eliminar las 32 gobernaciones?

En diálogo con Infobae Colombia, Alejandro Toca, coordinador de la Maestría en Gestión Pública del Politécnico Grancolombiano, indicó que la iniciativa de la candidata no constituye “una alternativa institucional territorial plausible en las condiciones actuales del Estado colombiano, sino más bien un planteamiento que, aunque conecta con un malestar regional real, carece de viabilidad jurídica, política y administrativa”.

Toca explicó que la descentralización en Colombia, vigente desde hace más de cuatro décadas, ha transferido a los territorios responsabilidades y cargas de gestión, pero no una autonomía efectiva en temas fiscales, presupuestales y decisorios.

Para el experto la propuesta de Macollins “logra interpelar una insatisfacción acumulada, especialmente en departamentos, en municipios, que no han visto traducida la descentralización en capacidades reales de desarrollo”.

Desde la perspectiva del docente, el problema principal no se reduce a la existencia del nivel departamental, ya que la raíz está en un “arreglo institucional territorial que distribuye de manera desigual competencias, recursos y poder de decisión entre la nación y las entidades territoriales”.

Para Toca, el sistema colombiano ha construido una “descentralización incompleta o al menos asimétrica, donde los territorios ejecutan, pero no necesariamente deciden, gestionan, pero no controlan plenamente los recursos y responden políticamente sin contar con suficiente autonomía estructural”.

Sobre la viabilidad constitucional de la propuesta, Toca advirtió que la propuesta de eliminar las 32 gobernaciones desconoce elementos básicos del diseño constitucional, ya que los departamentos son entidades territoriales reconocidas expresamente, con funciones definidas y con autoridades elegidas popularmente.

En caso de suprimirlos, esto implicaría una reforma constitucional estructural, no una reinterpretación de los artículos 306 y 307. Agrega que la legislación vigente, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley 1962 de 2019, refuerza una lógica de regionalización progresiva, no disruptiva.

El experto señaló que el debate relevante no es la desaparición de las gobernaciones, sino cómo reconfigurar el equilibrio entre el centro y los territorios, fortalecer la autonomía fiscal subnacional, articular escalas de gobierno y construir capacidades institucionales regionales. “El problema es de ingeniería institucional territorial, no de eliminación simbólica de un nivel de gobierno”.

El docente indicó que la idea de la candidata se podría tomar como una propuesta estratégica para captar adhesiones en territorios inconformes, pero no como una hoja de ruta viable de transformación estatal.

Para Toca, este es un llamado para que el debate público sobre ordenamiento territorial y descentralización se haga con una rigurosidad técnica, coherencia normativa y viabilidad política, resaltando que a los candidatos les corresponde elevar el nivel de la discusión con propuestas estructuradas, sustentadas y realizables, más allá de formulaciones efectistas de campaña.

El coordinador concluyó que el malestar territorial en Colombia es legítimo, pero advirtió sobre el riesgo de convertirlo en consignas simplificadas que diluyen los problemas y alejan las soluciones. “El reto no es desmontar el Estado territorial existente sin alguna ruta, sino reformarlo con criterio, con evidencia y sobre todo con responsabilidad pública”.