El 16 de marzo, durante un Consejo de Ministros, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, advirtió sobre el riesgo de que más de 19.000 predios incautados a organizaciones criminales sean devueltos a los delincuentes.
Según Pérez, la situación se originó por una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro, que exige a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la extinción de las medidas cautelares que pesan sobre estos bienes. Si la Fiscalía no actúa, los predios podrían regresar al mercado sin que exista una decisión judicial definitiva sobre su destino, lo que facilitaría su recuperación por parte de estructuras criminales.
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Pérez señaló que la circular del superintendente ha expuesto a la SAE a múltiples acciones legales, incluidas tutelas y desacatos, así como amenazas directas contra su integridad y la de otros funcionarios. La funcionaria denunció que incluso ha recibido advertencias de arresto por no entregar inmediatamente los bienes, mientras observa que la protección de activos mafiosos contrasta con la disposición para quitar tierras a campesinos, quienes en ocasiones fueron utilizados para cultivos ilícitos.
Durante el Consejo de Ministros se mencionó la importancia de esta denuncia, que se relaciona con la ofensiva estatal para recuperar tierras vinculadas al narcotráfico y asignarlas al campesinado dentro de la Reforma Agraria.
Al respecto, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mencionó que ha sido amenazado de muerte tras la adquisición de más de 81.900 hectáreas para la reforma entre 2024 y 2026.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro, tras recibir la alerta, ordenó medidas extraordinarias de protección y advirtió sobre una posible “contrarreforma” si se permite la devolución de estos bienes a las mafias. El mandatario solicitó la creación de una unidad policial especializada para proteger a los campesinos beneficiarios de tierras en riesgo. Desde 2024, el Estado ha aprehendido 327 predios equivalentes a 81.915 hectáreas, como parte de este proceso.
Cabe recordar que cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) interviene una propiedad, esta queda bajo administración estatal debido a su relación con actividades ilícitas, como narcotráfico o lavado de activos. La SAE se encarga de custodiar, gestionar y mantener el bien, evitando su deterioro o uso indebido. Mientras tanto, el predio permanece sujeto a decisiones judiciales que determinarán si será confiscado definitivamente para uso público, subasta o restitución, o si se devolverá a sus antiguos propietarios si se demuestra su inocencia.
Supernotariado respondió a las acusaciones
A través de su cuenta de X, la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia se pronunció tras las denuncias realizadas por Amelia Pérez, y descartó que los predios intervenidos por el Estado vayan a ser regresados a los criminales.
“El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, se permite precisar que los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio no regresarán al comercio ni a manos de la criminalidad”
La entidad mencionó que los inmuebles mencionados están protegidos y que se trabajará junto con la Fiscalía para evitar que se cumplan los plazos, negando rotundamente parte de los expuesto por Pérez sobre la inoperancia de la Superintendencia de Notariado.
“La entidad activó un mecanismo de alerta temprana para proteger estos predios y garantizar su control por parte del Estado. La SNR emitió la Instrucción Administrativa IA-2026-000002-9, en la que se establece explícitamente que ningún registrador del país podrá levantar una medida cautelar por caducidad sin antes agotar un proceso de verificación. Esta medida permite actuar de forma urgente y coordinada con la Fiscalía General de la Nación para evitar la caducidad de las medidas cautelares. La entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar oportunamente la protección de los bienes. Nuestro compromiso es proteger y defender los intereses de la nación”.
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