La permanencia de más de 500 indígenas frente al centro administrativo La Alpujarra en Medellín (Antioquia) superó las 24 horas, mientras las autoridades locales expresan inquietud por la presencia de numerosos menores en el grupo y por la posibilidad de vulneración de sus derechos.
El alcalde Federico Gutiérrez fue explicó en la mañana del martes 17 de marzo en sus redes sociales que: “Mi instrucción ha sido muy clara. Nada ni nadie puede impedir el ingreso de funcionarios y ciudadanos al centro administrativo la Alpujarra”.
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De acuerdo con el mandatario local, los empleados de la Alcaldía han podido acceder con normalidad a sus puestos.
En un video que publicó el alcalde de Medellín confirmó que: “Los funcionarios de la Alcaldía han logrado ingresar con total garantía el día de hoy y estamos listos para garantizar el servicio a la ciudadanía. La Gobernación y la comunidad indígena siguen en conversaciones".
El alcalde Federico Gutiérrez garantiza el ingreso normal de funcionarios y ciudadanos al centro administrativo durante la protesta - crédito Federico Gutiérrez
Hasta la mañana del martes 17 de marzo, el acceso al complejo administrativo permanecía vigilado por funcionarios municipales, mientras que los trabajadores de la Gobernación mantenían el trabajo remoto.
El grupo indígena no ha alcanzado acuerdos para regresar a sus territorios, y persisten en el lugar a la espera de soluciones. La situación se mantiene sin avances concretos, lo que prolonga la estadía y aumenta la preocupación por la atención a la infancia involucrada.
En palabras del alcalde Gutiérrez, el diálogo sigue abierto: “ Yo solo espero que la comunidad indígena pueda retornar a sus territorios. Son 500 personas, de ellos especialmente 180 niños. Seguiremos atentos, sigo en contacto con el señor Gobernador y le estaremos informando. Respetamos la protesta, pero no toleramos la violencia".
El alcalde Federico Gutiérrez advirtió sobre una posible instrumentalización política detrás de los bloqueos y cuestionó la llegada coordinada de manifestantes desde otras regiones.
Gutiérrez denunció que este tipo de movilizaciones no son hechos aislados. “A nosotros se nos olvida lo que pasó en Cali, lo que ha pasado en Bogotá y ahorita nos quieren repetir la misma dosis en Medellín”, advirtió el mandatario en entrevista para Blu Radio.
Para Gutiérrez, la coincidencia entre las tensiones recientes con el presidente Gustavo Petro y la llegada de 16 buses procedentes de Tierralta, Córdoba, resulta sospechosa. El mandatario cuestionó abiertamente la “casualidad” de estos hechos, sugiriendo la existencia de una estructura política que financia y coordina las movilizaciones.
La situación generó inquietud sobre los motivos reales de la protesta. Según el alcalde, “muchos de los manifestantes, al ser consultados por la prensa, admitieron no saber con precisión el motivo de su presencia en Medellín y aseguraron estar ‘cumpliendo órdenes’”.
Durante su entrevista para el medio raial, Gutiérrez lanzó una inquietud central: “¿Usted cree que esos buses se pagan solos? ¿Quién financia esto?”, insinuando que detrás de la protesta hay intereses electorales.
Preocupación por menores indígenas
La Unidad de Programas Sociales de Antioquia solicitó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) intervenga de manera urgente para supervisar la situación de los menores presentes en la movilización indígena que acontece cerca de La Alpujarra, en Medellín.
Isabel Cristina Londoño Gómez, quien dirige la entidad, ofreció el respaldo de la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia para colaborar en la protección de los derechos de los menores.
La funcionaria fue enfática al plantear que, desde la Gobernación, “instamos al Icbf para que se realice de manera urgente la verificación de derechos de las niñas, niños, adolescentes que están siendo utilizados en las manifestaciones de la Minga Indígena”.
La inquietud principal, según lo expresado por Londoño Gómez, radica en la situación de los más pequeños. “Son niños y niñas menores de cinco años que hoy no están recibiendo la alimentación y la atención integral en sus territorios”, señaló.
De igual forma, la funcionaria señaló que los menores de mayor edad también resultan afectados. “Niños y niñas mayores de seis años que iban a sus instituciones educativas y que hoy no están recibiendo la alimentación, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar”, advirtió.
En respuesta a la pregunta sobre las consecuencias de la movilización, las autoridades departamentales alertaron que la presencia de menores en las manifestaciones impide que accedan a servicios esenciales como la educación y la alimentación escolar, lo que constituye una vulneración de sus derechos y exige una intervención inmediata de los organismos de protección.
Londoño Gómez concluyó su intervención con una advertencia: “Son niños a los que hoy se les están vulnerando sus derechos. No se puede permitir esta situación”.
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