El anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de convocar a legisladores actuales y electos a una reunión cerrada sobre seguridad en la ciudad generó un rechazo explícito de la bancada del Pacto Histórico.
La negativa fue publicada el 16 de marzo en un comunicado oficial firmado por 8 representantes, siendo la cabeza visible la representante María Fernanda Carrascal, conocida como Mafe Carrascal.
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El alcalde Galán explicó que busca “la construcción de una agenda conjunta” enfocada en “el fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia”, y enfatizó la urgencia de eliminar trabas legales que dificultan la labor de la Policía Nacional en el acceso a cámaras privadas ubicadas en el norte de la ciudad.
Según el mandatario local, el trabajo conjunto con el Congreso de la República es esencial para reformar normativas vigentes y despejar obstáculos operativos.
La bancada electa del Pacto Histórico por Bogotá anunció oficialmente el 16 de marzo que no asistiría al encuentro convocado para el mismo día, alegando falta de apertura a la participación ciudadana en un comunicado.
“Informamos a la opinión pública que no asistiremos a la reunión sobre seguridad convocada por el alcalde Carlos Fernando Galán para este 16 de marzo”, fueron las primeras afirmaciones de la congresista en Facebook.
Según los legisladores firmantes, la decisión de no acudir responde al carácter a puerta cerrada del espacio propuesto, contrario a lo que consideran debe ser una política pública de diálogo “amplio, participativo y transparente”.
Y agrega: “La discusión sobre seguridad debe abrirse desde el comienzo a la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de los sectores populares de la ciudad”.
El rechazo del Pacto Histórico hace hincapié en la desconfianza hacia el enfoque unilateral del gobierno distrital. Los representantes sostienen que: “Ha actuado de manera unilateral de forma reiterada, desconociendo propuestas de sectores alternativos, de organizaciones sociales y de amplios sectores de la ciudadanía bogotana”.
La bancada del Pacto Histórico condiciona su disposición al diálogo a la transparencia y apertura ciudadana
Para la bancada electa del Pacto Histórico por Bogotá, el motivo de no participar en la reunión convocada por el alcalde Carlos Fernando Galán es que solo aceptarán diálogos que garanticen transparencia, legitimidad y apertura a todos los sectores.
El comunicado firmado por María Fernanda Carrascal, María Del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landínez Suárez y otros integrantes resalta casos concretos que, según su visión, evidencian una falta de concertación en la gestión de Galán.
Detallan que la administración no incorporó aportes de sectores alternativos al Plan Distrital de Desarrollo ni respondió adecuadamente a demandas del magisterio y del sindicato de maestros de la ciudad.
Asimismo, la bancada alerta en particular sobre el deterioro de la seguridad para las mujeres y la insuficiencia de la respuesta institucional ante las violencias basadas en género, incluyendo a las mujeres trans.
Reclaman, además, una mejor coordinación entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional para combatir el crimen de alto impacto y la delincuencia organizada en la capital.
“Bogotá no necesita que se le imponga una visión reducida y punitiva de la seguridad. La ciudad requiere una política integral, democrática y eficaz, basada en la prevención, la garantía de derechos, el fortalecimiento de la respuesta institucional, las oportunidades para la juventud y la intervención sobre las causas sociales de la violencia”, afirmaron los legisladores, recogiendo la postura de que cualquier política de seguridad debe incluir la dimensión social y participativa.
La bancada asegura su disposición futura al diálogo “genuino, respetuoso y abierto a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a las propuestas populares para la ciudad, y no una simple escenificación entre sectores de la clase política”.
Finalmente, advierten que solo asistirán a nuevas conversaciones cuando el proceso electoral en marcha termine y existan garantías plenas de transparencia y legitimidad ante la ciudadanía.
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