
La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció sobre la orden impartida por el presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS que están en quiebra. De acuerdo con la entidad de inspección, vigilancia y control, adoptará las decisiones que correspondan según los resultados de las evaluaciones que continuará haciendo sobre las EPS.
Según precisó, entre sus funciones está el verificar que las entidades promotoras de salud cumplan las condiciones “técnicas, financieras y jurídicas” que se exigen para la prestación de los servicios de salud. Con la información que recopila, determina lo que debe pasar con las EPS.
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“Las actuaciones se continuarán ejecutando bajo el marco del debido proceso y con fundamento en la protección de los derechos de los usuarios, la garantía del acceso efectivo a los servicios de salud en condiciones de calidad, integralidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad, velando por el adecuado uso y administración de los recursos públicos destinados al sector”, precisó.
En consecuencia, instó a la red de prestadores de servicios de salud, a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos a continuar garantizando la prestación de servicios a los usuarios del sistema de salud. Esto, sin que se registren dilaciones o interrupciones en la atención de la población.
De igual manera, hizo un llamado a las entidades promotoras de salud para que sigan cumpliendo su rol en el sistema, asegurando el flujo de los recursos y la gestión del riesgo.
La Superintendencia Nacional de Salud aclaró que cualquier decisión que adopte en su momento tendrá como fin garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a los afiliados y mantener la estabilidad del sistema. “La Superintendencia Nacional de Salud reitera su compromiso con la transparencia, la rigurosidad técnica y la adopción de decisiones responsables que contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud colombiano”, detalló.
¿Qué dijo el presidente sobre las EPS?
En el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026, el primer mandatario ordenó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, adelantar las gestiones necesarias para adelantar la liquidación de las entidades promotoras de salud que estén en quiebra.
Según precisó, el Gobierno nacional no puede contribuir a la mejora de la situación financiera de las EPS, entre otras cosas, porque el Congreso de la República no dio luz verde a su proyecto de reforma a la salud, en el que proponía un cambio en el rol que cumplen esas entidades en el sistema. La iniciativa planteaba que las EPS dejaran de administrar los recursos de la salud y que estos se giraran directamente a los demás actores del sistema a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas (…). El Congreso no aprueba la reforma para lograr que las EPS dejaran de ser intermediarias y dejaran de estar quebradas. ¿No quisieron? Pues entonces toca tomar las medidas que toca, de acuerdo a la norma y a la ley. Empresa en condición de liquidación se liquida”, precisó el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.

Sin embargo, es importante aclarar que una parte de la reforma a la salud –que se cayó dos veces en la Comisión Séptima del Senado– fue implementada en las entidades promotoras de salud intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Específicamente, se aplicó el giro directo a las IPS y demás actores del sistema, impidiendo así que las EPS siguieran distribuyendo los recursos entre las instituciones prestadoras de servicios de salud y demás proveedores.
De hecho, en abril de 2024 la Adres confirmó que, por mandato de los interventores de la Nueva EPS y de Sanitas –que ya no está intervenida–, la administradora de recursos empezó a aplicar el giro directo.
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