La candidata presidencial Sondra Macollins Garvin Pinto puso sobre la mesa una de las propuestas más radicales de la campaña electoral de 2026: desaparecer las 32 gobernaciones que existen en Colombia y sustituirlas por un esquema de regiones con autonomía administrativa, presupuestal y política.
La iniciativa fue presentada mediante un comunicado oficial firmado por Carolina Cifuentes, jefa de prensa de la campaña, y se trata de una de las propuestas más contundentes de lo que va corrido en la campaña electoral.
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La abogada penalista argumentó que el actual modelo departamental ha derivado en una concentración excesiva de decisiones en el nivel central del Estado, mientras ha alimentado estructuras burocráticas que, según su diagnóstico, frenan el desarrollo propio de cada territorio.
“Las gobernaciones se han convertido en un peaje al desarrollo. Llegó el momento de descentralizar, de regresar el poder a los alcaldes y de construir una Colombia pensada para la gente, no para la burocracia”, señaló Macollins en el comunicado oficial de su campaña.
La propuesta plantea que el país transite hacia un modelo territorial en el que las regiones cuenten con capacidad real para planificar su crecimiento económico, administrar sus propios recursos y tomar decisiones con mayor independencia frente al poder central. En la visión de la candidata, ese traslado efectivo de competencias desde Bogotá hacia los territorios es lo que constituiría una descentralización auténtica, diferente a lo que, en su lectura, ocurre en la actualidad con el esquema departamental vigente.
El fundamento jurídico que la campaña cita para respaldar esta iniciativa son los artículos 306 y 307 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 306 permite la creación de Regiones Administrativas y de Planificación, conocidas por su sigla RAP.
El artículo 307, por su parte, establece el mecanismo mediante el cual esas figuras pueden transformarse en entidades territoriales con autonomía política, administrativa y fiscal plenas. Macollins sostiene que la arquitectura constitucional necesaria ya existe y que lo que ha faltado históricamente es voluntad política para activarla y llevarla a la práctica.
Bajo ese nuevo esquema territorial, los alcaldes ganarían un protagonismo que hoy, según el diagnóstico de la candidata, les está vedado por la capa de intermediación que ejercen los departamentos entre los municipios y el Gobierno nacional. Las decisiones sobre desarrollo, inversión e infraestructura, afirmó Macollins, deben tomarse desde los territorios y no de manera exclusiva desde el centro del país, fortaleciendo así lo que ella denomina autonomía regional real.
Sondra Macollins nunca ha ocupado un cargo público. Su trayectoria de casi 30 años transcurrió en el sector privado, especialmente en el derecho penal y en trámites de extradición, con actuaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos.
También dirigió durante más de 15 años una fundación enfocada en la defensa del debido proceso y los derechos de migrantes colombianos en Norteamérica. Entre los casos de alto perfil en los que participó figura la asesoría al exguerrillero de las Farc conocido como “Martín Sombra” para que se sometiera a la justicia transicional.
Su llegada a la carrera presidencial de 2026 se produjo a través del grupo significativo de ciudadanos denominado “Partido Digital”, mediante la recolección de más de un millón de firmas.
En marzo de este año, oficializó su candidatura ante la Registraduría Nacional en un acto en el que ella, su fórmula vicepresidencial —el abogado y magíster en seguridad pública Leonardo Karam Helo— y decenas de simpatizantes se presentaron con los trajes rojos y las máscaras características de la serie La casa de papel, como símbolo, según explicó la propia candidata, de los ciudadanos “invisibles” que buscan recuperar el poder frente a la política tradicional.
La propuesta de eliminar las 32 gobernaciones se enmarca en un programa de campaña que Macollins ha construido bajo la bandera del “sentido común” y que, según ella misma ha declarado, nació de los obstáculos concretos que enfrentó en su ejercicio como abogada, barreras que en su experiencia solo podían removerse con transformaciones legislativas desde adentro del Estado colombiano.
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