En el material audiovisual se cuestiona la labor del juez y se hacen comentarios críticos sobre su actuación - crédito @kevin.g.paz.1/Facebook
En un comunicado oficial, los jueces penales de Cali manifestaron su preocupación ante la circulación de un video en redes sociales en el que un juez especializado de la ciudad fue grabado por integrantes de un partido político que lo acusaron de intentar interferir en la verificación de votos.
La grabación generó cuestionamientos y comentarios críticos hacia el funcionario, lo que derivó en un debate público sobre la labor de los jueces durante los procesos electorales.
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El caso se centra en el juez especializado de Cali Hugo Fernando Rodríguez Calderón, que fue grabado y posteriormente señalado en redes por supuesta manipulación de los escrutinios. Los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2026, durante el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas.
El video fue difundido por el senador electo del Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, y replicado por varios usuarios en distintas plataformas. En el material audiovisual, el congresista afirmó: “Esto es preocupante, un sinnúmero de irregularidades que benefician al partido de la U en Senado y Cámara. Los jurados impiden la reclamación del pacto histórico y amedrentan a nuestras abogadas”, mencionando al presidente Gustavo Petro.
Los comentarios del video no se hicieron esperar e incluyeron afirmaciones dirigidas contra el juez y otros funcionarios: “Hay muchos jueces corruptos y criminales”, “Ojoooo ese señor es el que está haciendo fraude... Es quien coordina”, y “A los corruptos no les gusta que les graben los delitos”, entre otros.
Contexto de la grabación y denuncias
El video da cuenta de una conversación tensa entre varias personas, donde el juez reconoció haber sido respetuoso y aborda la grabación de la interacción:“No me grabe doctora que yo soy juez de la República (...) Si quiere bien pueda y denuncie“, señaló.
Durante el intercambio, además de discutirse sobre el derecho a grabar, se mencionan denuncias relacionadas con comportamientos inapropiados por el tono de voz del funcionario, quien se defendió señalando: “Yo hablo duro”. En la conversación también se hace énfasis en la desaprobación hacia la forma de hablarle a la mujer que lo graba y en intentos de resolver la situación mediante reportes y notificaciones oficiales.
Ante lo sucedido, los jueces de Cali señalaron que este tipo de publicaciones y comentarios pueden afectar directamente la reputación, dignidad y seguridad del funcionario judicial, convirtiéndolos en blanco de confrontaciones políticas y polarización.
En el comunicado, enfatizaron: “Se aclara que la designación de los servidores públicos, jueces y empleados, como claveros y escrutadores de dicha contienda electoral, se realiza por mandato del artículo 157 y siguientes del Código Electoral en razón a la investidura que se ostenta, en cumplimiento del mandato legal y constitucional de garantizar la democracia y las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho. Por ello, solicitamos se nos sea tratados con la dignidad que revisten nuestros cargos y no seamos blancos de contiendas y/o polarización de origen político”.
Solicitud de protección y medidas a la Judicatura
Ante el incremento de las tensiones, los jueces hicieron un llamado a las autoridades competentes para garantizar el orden y la seguridad en los lugares donde se desarrollan las funciones electorales en Cali. El gremio judicial condenó cualquier acto de presión o intento de deslegitimar su labor técnica por parte de corrientes políticas.
Además, los jueces elevaron una solicitud directa al Consejo Superior de la Judicatura, como máxima autoridad administrativa de la Rama Judicial, instando a implementar medidas inmediatas que protejan la dignidad de los servidores y detengan la difusión de contenidos que pongan en riesgo su vida o su buen nombre en el ejercicio de esta función pública transitoria.
Finalmente, recordaron que la protección institucional es necesaria para garantizar el desarrollo transparente de los escrutinios y el cumplimiento de la ley, evitando que funcionarios sean utilizados como instrumentos de confrontación política.
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