Una serie de anomalías en una compraventa de oro alertó a las autoridades sobre un presunto esquema de lavado de activos que operó durante más de una década bajo la apariencia de legalidad y que fue desmantelada recientemente gracias al operativo de captura de seis de sus presuntos integrantes.
La investigación, impulsada tras una alerta recibida en 2012 por la Fiscalía General de la Nación, permitió reconstruir un entramado financiero donde facturas, transferencias y reportes tributarios simulaban operaciones comerciales legítimas, mientras se ocultaba el origen ilícito de sumas millonarias.
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La empresa fue identificada como C.I. Mineros Exportadores S.A. (C.I. Minex S.A.), registrada en Bucaramanga (Santander) y representada por Mario Jesús Roa Fernández que aparece, según las autoridades, como epicentro de la operación.
Constituida en 2003, la compañía figuraba formalmente como exportadora de minerales. Sin embargo, los peritajes contables evidenciaron inconsistencias en las transacciones, lo que llevó a los investigadores a concluir que “detrás de las cifras reportadas existía algo más que simples transacciones comerciales”, según indicó la Policía Fiscal y Aduanera.
Funcionamiento de la red y simulación de operaciones
La estructura criminal simulaba compraventas de oro para dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos. El mecanismo, descrito como “sofisticado, pero recurrente”, consistía en registrar operaciones millonarias con supuestos proveedores que, al ser analizados, no poseían capacidad económica ni infraestructura para justificar ventas por tales sumas.
Entre 2006 y 2010, seis proveedores habrían concentrado más del 50% de las operaciones comerciales de la sociedad, con transacciones individuales que superaron los $47.000 millones y los $34.000 millones. La Policía señaló que “estas personas no tenían el respaldo económico para justificar ventas por esas sumas”, reforzando la hipótesis de operaciones ficticias.
El dinero rara vez llegaba a las cuentas de los proveedores reportados. La mayoría de los recursos eran girados a terceros autorizados por el representante legal de la empresa, sin relación comercial legítima con la sociedad.
Entre los que recibieron estos pagos figuran Gabriel Jacobo Campo Quintero y Eduen Franklin Silva Mantilla. Las autoridades afirmaron que esta dinámica “evidenciaba un patrón consistente con mecanismos de ocultamiento y dispersión de recursos, característicos de esquemas de lavado de activos”.
Las rentas que generaba la actividad ilícita
El esquema alcanzó una dimensión significativa: el valor total de las operaciones asociadas a la red ascendió a $731.118 millones, según registros oficiales ante la Dian.
Este volumen económico reflejó tanto la magnitud del entramado como el impacto sobre el sistema financiero y la lucha contra la minería ilegal. “Detrás de documentos aparentemente legales y operaciones registradas ante autoridades tributarias, podía esconderse un complejo sistema financiero diseñado para legitimar dinero de origen ilícito proveniente de la minería ilegal”, concluyó la Policía.
Gran parte del oro comercializado por la empresa presuntamente tenía origen en actividades de minería ilegal. Este hallazgo agravó el impacto económico y ambiental de la operación. La investigación, que inició como una alerta aislada, permitió desarticular una red dedicada a encubrir recursos ilícitos bajo la fachada del comercio de metales preciosos.
Operativo en Chigorodó dejó 32 capturados por minería ilegal en el río Ripea
Las autoridades de Antioquia capturaron a 32 personas en flagrancia durante un operativo en la vereda Ripea, municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, contra la minería ilegal. El despliegue policial tuvo como objetivo frenar las actividades que ponían en riesgo los recursos naturales de la zona.
Uniformados de la Policía Antioquia realizaron un allanamiento en la ribera del río Ripea, confirmando que las labores de extracción de minerales se efectuaban sin los permisos ambientales y legales requeridos. “Durante la intervención se logró la detención de 32 hombres y la incautación de equipos y vehículos utilizados para movilizar el material minero”, informaron fuentes policiales.
Entre los aprehendidos se encuentra alias El Gordo, señalado por las autoridades como dinamizador criminal responsable de autorizar la extracción y de exigir el pago de extorsiones a quienes operaban en el área. El informe oficial precisó que este terreno minero generaba rentas mensuales de al menos $300 millones. “Alias El Gordo era quien manejaba el cobro de extorsiones y organizaba la actividad ilegal en la zona”, detalló la Policía.
Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos asociados a la minería ilegal.
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