Comprar vivienda de interés social en Colombia ha funcionado durante años así: una familia encuentra un apartamento, firma un contrato, empieza a pagar cuotas y, cuando llega el momento de recibir las llaves —a veces uno o dos años después— descubre que el precio subió.
No porque el constructor haya cambiado los materiales ni mejorado el acabado, sino porque el valor estaba atado al salario mínimo, que se ajusta cada enero. Ese mecanismo, que operó de forma generalizada en el sector, provocó que miles de hogares desistieran de sus compras al no poder asumir el incremento.
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Esa práctica está en retirada. Y el Gobierno quiere que desaparezca por completo mediante una norma con fuerza legal, según se puede leer en un comunicado emitido por el Ministerio de Vivienda.
Qué está preparando el Gobierno
La cartera de vivienda trabaja en un decreto que establecería que el precio de una vivienda de interés social —conocida como VIS— debe permanecer invariable desde el momento en que el comprador firma la promesa de compraventa hasta el día en que se formaliza la escritura pública. En términos simples: lo que se acuerda al principio es lo que se paga al final, sin sorpresas intermedias ni ajustes de último momento.
La escrituración es el paso final del proceso. Es cuando el notario registra oficialmente que esa propiedad pertenece al comprador. Entre la firma inicial y ese momento puede transcurrir más de un año, tiempo durante el cual, bajo el esquema anterior, el precio podía moverse sin que el comprador tuviera forma de impedirlo.
El decreto está en trámite. El Ministerio no ha dado una fecha concreta para su publicación ni ha detallado en qué etapa del proceso se encuentra.
Por qué se cotizaba en salarios mínimos y qué problema generaba
Durante años, los proyectos VIS fijaron sus precios en salarios mínimos mensuales legales vigentes, una unidad de medida que se actualiza anualmente por decisión del Gobierno. Eso significaba que si una vivienda costaba, por ejemplo, 150 salarios mínimos, su valor en pesos cambiaba cada vez que el salario mínimo subía, independientemente de los costos reales de construcción.
El resultado fue que muchas familias que habían separado un inmueble terminaron enfrentando un precio mayor al que habían presupuestado. Algunos no pudieron sostener el compromiso y perdieron lo que ya habían pagado.
Cómo está el mercado hoy
La transición ya comenzó sin esperar la norma. Según datos de Galería Inmobiliaria, firma especializada en seguimiento del sector constructor, en septiembre de 2025 apenas el 25 % de los proyectos VIS del país ofrecía precios en pesos fijos. En enero de 2026 esa proporción subió al 42 %. Al cierre de febrero llegó al 57 %.
En cinco meses, la proporción de proyectos con precio fijo en pesos pasó de uno de cada cuatro a más de la mitad de la oferta disponible en el mercado nacional.
La ministra de Vivienda, Helga María Rivas Ardila, señaló que el cambio representa un avance “en la reducción del déficit habitacional, y en facilitar las condiciones de acceso a una vivienda digna así como a la protección financiera de las familias que logran convertirse en propietarias”.
<b>Qué cambia para quien quiere comprar</b>
Bajo el esquema que se consolida, quien firme hoy un contrato para adquirir una vivienda VIS sabrá con exactitud cuánto va a pagar. El valor acordado no dependerá de decisiones externas al contrato, como el porcentaje en que el Gobierno decida incrementar el salario mínimo cada año.
El decreto en preparación busca que esa certeza no quede a voluntad de cada constructor, sino que sea una obligación legal aplicable a todos los proyectos del segmento en el país.
El Ministerio no ha revelado qué mecanismos de control o sanciones contempla la norma para quienes no la cumplan.
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