El Concejo de Bogotá decidió aceptar las objeciones presentadas por el alcalde Carlos Fernando Galán al Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, conocido como “Ruta por la Vida”, una iniciativa que había sido aprobada por la corporación y que proponía fortalecer la atención en salud física y mental de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
La decisión se produjo luego del debate realizado el jueves 12 de marzo, en el que los concejales analizaron los argumentos presentados por la administración distrital para objetar el proyecto. La iniciativa buscaba establecer una estrategia de acompañamiento antes, durante y después del embarazo, mediante acciones de apoyo psicosocial, información para las gestantes y la articulación de redes institucionales y comunitarias.
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El alcalde Carlos Fernando Galán había presentado las objeciones el sábado 21 de febrero. Desde la administración distrital se planteó que el proyecto podría exceder las competencias del Concejo de Bogotá, al considerar que la definición de rutas integrales de atención en salud reproductiva corresponde al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud.
Según esa postura, la autoridad sanitaria nacional es el ente facultado para establecer las rutas de atención en materia de salud, incluyendo los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Debate sobre el alcance del proyecto

La discusión alrededor del proyecto también estuvo marcada por el debate sobre su posible impacto en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), procedimiento que fue despenalizado en Colombia hasta la semana 24 de gestación por decisión de la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-055 de 2022.
Durante la discusión del proyecto en el Concejo se plantearon preocupaciones sobre la forma en que la iniciativa podría incidir en las decisiones reproductivas de las mujeres. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que respaldó la revisión de la iniciativa y señaló riesgos constitucionales asociados a su implementación. El organismo advirtió que “la iniciativa introducía barreras directas e indirectas para el ejercicio del derecho fundamental a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”.
La entidad también indicó que, pese al enfoque de acompañamiento planteado en el proyecto, “institucionalizaba mecanismos de disuasión, vigilancia y estigmatización sobre las decisiones reproductivas de mujeres, hombres trans y personas no binarias e intersex con capacidad de gestar, lo cual constituiría una forma de violencia institucional incompatible con los principios de dignidad humana, autonomía y no regresividad en derechos humanos”.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo sostuvo que el proyecto no se ajustaba al Acuerdo Distrital 879 de 2023, norma que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio esencial de salud y que establece la obligación de eliminar barreras de acceso a este procedimiento.
Reacción de la ponente del proyecto

Tras conocerse la decisión del Concejo de Bogotá, la concejala Clara Lucía Sandoval, ponente del proyecto “Ruta por la Vida”, señaló que, aunque la iniciativa pueda enfrentar obstáculos políticos en el Concejo, la discusión sobre el acompañamiento a las mujeres embarazadas quedó instalada en la agenda pública de la ciudad.
“Podrán archivar el proyecto, pero no podrán archivar el debate. Hoy Bogotá empezó a discutir algo que durante años nadie quiso poner sobre la mesa: la salud integral de las mujeres embarazadas y la necesidad de brindarles acompañamiento real”, afirmó Sandoval.
La concejala también se refirió a las críticas que recibió la iniciativa durante su trámite en la corporación y cuestionó que algunos sectores la hayan calificado como un proyecto de carácter ideológico. De acuerdo con Sandoval, el proyecto respondía a una situación que, según indicó, requiere atención institucional en la ciudad.
“Entre 2020 y 2023 la conducta suicida en mujeres embarazadas aumentó un 47%. Esa cifra debería estremecer a cualquier administración. Ignorar esa realidad y bloquear iniciativas de acompañamiento no es progresismo, es abandono”, manifestó.
“No se trataba de imponer decisiones ni de restringir derechos. Se trataba de que las mujeres embarazadas no estén solas y de que reciban apoyo real para enfrentar uno de los momentos más trascendentales de sus vidas”, agregó.

La concejal aseguró que la discusión sobre políticas de acompañamiento para mujeres gestantes no termina con la votación realizada en el Concejo de Bogotá. “En una ciudad con una de las tasas de natalidad más bajas de su historia, despreciar políticas de acompañamiento a mujeres embarazadas es una señal preocupante. Esta causa no termina hoy. Vamos a seguir trabajando para que Bogotá entienda que proteger a las mujeres gestantes y proteger la vida no debería ser una discusión ideológica, sino un principio básico”, concluyó Sandoval.
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