El viernes 13 de marzo de 2026, se conoció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue citado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para rendir su versión en la demanda que busca que el presidente de la República, Gustavo Petro, se abstenga de emitir comentarios sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral sin pruebas documentadas.
La citación corresponde a una solicitud presentada por la defensa de Petro, encabezada por Alejandro Carranza, que pidió que Benedetti explique ante el magistrado Luis Manuel Lasso las inquietudes del mandatario sobre el código fuente y el software utilizado en los comicios.
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La audiencia, programada para el viernes 20 de marzo, contará también con la intervención de Pedro Vacca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Según Carranza, la participación de Vacca permitirá aportar criterios sobre los límites y estándares de la libre expresión aplicables a altos funcionarios estatales.
Proceso judicial por mensajes de Petro sobre el sistema electoral
La acción popular fue interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, que solicitó que Petro aclare o rectifique sus publicaciones en redes sociales en torno a supuestas fallas en el sistema electoral, o que se le ordene abstenerse de difundir ese tipo de mensajes.
El proceso judicial comenzó en octubre de 2025 y, en desarrollo de este trámite se celebró una audiencia el viernes 13 de marzo en la mañana para escuchar a los intervinientes.
Durante la audiencia, Bejarano argumentó que, debido al alcance masivo que tiene el presidente en redes sociales, cualquier respuesta a sus mensajes carece de equidad y puede contribuir a sembrar dudas infundadas sobre la legitimidad electoral.
Según Bejarano, “el presidente aplasta a cualquier persona que le lleve la contraria en Twitter. Está prendiendo una mecha que puede explotar en cualquier momento. Cualquier ciudadano es inerme frente al poder del presidente”. El jurista sostuvo que el jefe de Estado debe cumplir los principios de transparencia electoral establecidos por la ley.
La reacción de Petro a la demanda
Por su parte, el 11 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro respondió públicamente a la demanda en curso, al insistir en sus cuestionamientos al sistema informático utilizado en los procesos electorales y señaló la existencia de problemas de transparencia vinculados tanto al software como a la actuación de los jurados de votación.
Petro expresó su inconformidad ante la posibilidad de que se le restrinja opinar sobre el tema y expresó: “¿Sin pruebas? ¿Están dispuestos a censurar al presidente de nuevo?”. El jefe de Estado afirmó que ha advertido previamente sobre un presunto desacato a decisiones judiciales relacionadas con el sistema informático electoral, mencionando una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018.
Según el mandatario, esa decisión obligaba a que el Estado fuera titular del software utilizado en los procesos electorales. Petro indicó: “Consejo de Estado del 2018 que obliga a tener un software del Estado. Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”. En ese sentido, sostuvo que la imposibilidad de auditar dicho software afectaría la transparencia de las elecciones: “Si no se permite auditarlo no hay transparencia electoral, hay opacidad en los algoritmos”.
Petro también hizo referencia a hechos relacionados con la labor de los jurados de votación: “Y hoy hay una clara demostración de fraudes de jurados que se descubren en los escrutinios allí donde es posible abrir de nuevo las bolsas de votos”.
El presidente exhortó a los movimientos políticos a presentar ante la justicia las denuncias sobre presuntas irregularidades en los formularios electorales: “Le solicito a los movimientos que tengan sus demandas listas por falsedad en los formularios, allegarlos al tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados (sic)”.
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