El tradicional Partido Conservador confirmó que no presentará candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026, una decisión que provocó sorpresa en el panorama político nacional. La colectividad, con más de un siglo de historia en la política colombiana, optó por evaluar alternativas de respaldo a aspirantes ya inscritos en la contienda.
El Directorio Nacional de la agrupación tomó la decisión de tener como prioridad influir en la elección desde la perspectiva de alianzas estratégicas.
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Además, se conoció que el presidente del partido, el senador Efraín Cepeda, recibió la autorización para iniciar acercamientos con algunos de los candidatos más destacados que ya formalizaron su inscripción; entre ellos se encuentran Paloma Valencia, con su fórmula Juan Daniel Oviedo, y Abelardo de la Espriella, con su fórmula José Manuel Restrepo, figuras que podrían recibir el respaldo oficial del Conservador en caso de concretarse un acuerdo.
Aunque varios miembros del partido, incluyendo a la representante Juana Carolina Londoño, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, el coronel Carlos Velásquez y el senador Efraín Cepeda, habían mostrado su intención de postularse, la colectividad optó por no tener un candidato propio para las elecciones presidenciales de 2026.
La decisión se produce mientras los candidatos oficializan sus postulaciones ante la Registraduría con sus respectivas fórmulas.
De esta manera, el partido mantiene su línea ideológica, teniendo en cuenta que existen otras inscripciones relevantes entre las que sus miembros deberán decidir, con la que reafirmaron su pertenencia a la corriente conservadora.
Aunque Efraín Cepeda aparecía como el nombre más visible para representar al partido en esta contienda, finalmente la colectividad decidió no presentar un candidato propio. Aunque no se conoce la razón oficial de esta decisión, circulan rumores que la vinculan con un caso de corrupción que involucró a uno de sus miembros.
Este es el caso de corrupción que hizo tambalear al Partido Conservador
Wadith Alberto Manzur, representante a la Cámara por el Partido Conservador, fue requerido por la Corte Suprema de Justicia, luego de ser reelegido con una votación destacada el 8 de marzo. La orden de captura, emitida el miércoles 11 de marzo, dejó una marca negativa en la colectividad política.
La Sala de Instrucción de la Corte investiga a Manzur por presunto cohecho impropio, vinculado con actos realizados durante su ejercicio como congresista. Según el expediente, estaría involucrado en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Entre las acusaciones figura el intercambio de favores, al aprobar créditos y cupos de endeudamiento para el Gobierno nacional de Gustavo Petro a cambio del direccionamiento de contratos.
La investigación también señala proyectos específicos; se conoció que, por su voto favorable en la Comisión de Crédito Público, se habrían gestionado contratos de obras e interventorías en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), por montos que superarían los $80.000 millones.
Las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, respectivamente, fueron determinantes para que la Corte considerara que había pruebas suficientes para garantizar su detención.
A diferencia de otros congresistas investigados, a Manzur se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, bajo el argumento de que su libertad podría afectar el proceso o a la sociedad, por lo que el congresista se entregó voluntariamente a las autoridades en el búnker de la Fiscalía el 12 de marzo, reiterando que es inocente y que confía en la justicia.
A medida que avanza la investigación, el caso genera un impacto negativo en la imagen del Partido Conservador, especialmente en plena temporada electoral. Algunos consideran que esta situación pudo haber influido en la decisión de no presentar un candidato propio a la Presidencia, aunque no se puede afirmar que esa sea la causa definitiva.
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