El paro distrital de docentes de 24 horas del jueves 12 de marzo de 2026, en Bogotá, fue convocado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para manifestar rechazo a políticas implementadas por la administración local en materia educativa.
La organización denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país, señalando el incremento de trámites administrativos, presión por reportes institucionales y una sobrecarga laboral para los docentes, lo que, en su criterio, afecta la autonomía escolar y las condiciones de trabajo en el sistema educativo distrital.
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La avenida NQS, punto clave para la movilidad de la capital del país, en sentido sur–norte fue bloqueada, lo que originó restricciones de paso y una fila de vehículos que crece con el avance de la protesta.
A las afectaciones considerables en uno de los corredores más cargados de la ciudad se suma el cierre total de la calle 26 en sentido oriente–occidente, dificultando el acceso al aeropuerto El Dorado y dejando a los conductores sin alternativas inmediatas en la intersección con la avenida 30.
Por las manifestaciones también dejaron de operar las estaciones Concejo de Bogotá y Ciudad Universitaria.
Además, los servicios troncales que transitan por el sector activan desvíos en sentido oriente-occidente. “HK54 y LK10: desvían por la calle 6 a NQS y carrera 33, en ambos sentidos. BK16 y KG43: realizan retorno a la altura de la estación CAD”.
A la par, agentes civiles y grupo guía realizan gestiones del tráfico sobre la Av. El Dorado a la altura de la Cra. 33, con el fin de facilitar la movilidad.
Para mitigar la congestión, agentes civiles de tránsito y el grupo guía redirigen los automotores hacia la calzada rápida, mientras la lenta permanece ocupada. Además de implementar desvíos obligatorios en el sector del Hospital Universitario Mayor Méderi, acompañados de recomendaciones para tomar las rutas alternas de la carrera 24, avenida Caracas, avenida Circunvalar y la carrera Séptima para quienes atraviesan la zona desde el centro de la ciudad.
Debido a las manifestaciones por parte de los profesores distritales, son más de 23.321 usuarios de TransMilenio afectados. Continúan sin operar las estaciones El Tiempo, Salitre Greco, CAN, Gobernación, Quinta Paredes, Corferias y Ciudad Universitaria.
Entre las indicaciones principales de la Secretaría Distrital de Movilidad, se pide a los conductores provenientes del sur que salgan del corredor con anticipación para evitar quedar atrapados en el bloqueo, eligiendo vías que presentan mejor movilidad. Las demoras reportadas en el sector son significativas y los equipos de tránsito continúan ajustando los operativos para garantizar la seguridad y mantener la circulación bajo control.
El descontento de la ADE y los padres de familia
La inminente desaparición de las Aulas de Apoyo Pedagógico en colegios públicos de Bogotá amenaza con agravar la exclusión educativa de los estudiantes con discapacidad, según denuncian organizaciones, padres de familia y especialistas.
Por esta, y otras razones, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó una nueva protesta de 24 horas para exigir que la Secretaría de Educación cumpla los 16 acuerdos firmados para 2024, considerando que su incumplimiento profundiza los riesgos y deficiencias en el sistema de atención.
La lista de los motivos de la protesta destaca el cierre de estos espacios surgidos para atender a estudiantes con discapacidad múltiple, trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual, que operan en 12 colegios del Distrito y están destinados a eliminar barreras comunicativas y mejorar la participación en el proceso de aprendizaje.
De acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Educación, 23.233 estudiantes con discapacidad están matriculados actualmente en colegios de Bogotá; para atenderlos, el distrito dispone de 1.689 educadores especiales, lo que supone un aumento de 398 docentes respecto al año pasado.
La eliminación de las Aulas de Apoyo Pedagógico se debe a la aplicación del Decreto 1421 de 2017, que promueve la inclusión de estos estudiantes en entornos educativos no segregados. Desde ese año, 21.684 alumnos con discapacidad han sido incorporados a aulas comunes en cumplimiento de la normativa, y solo falta por realizar el traslado de 1.549 estudiantes para alcanzar la meta establecida por este marco legal.
Diversas voces manifestaron su inquietud ante la desaparición de las aulas especializadas. Una de ellas es Andrea Rodríguez, madre de un menor de 13 años con discapacidad cognitiva, que en entrevista con El Espectador sostuvo que sustituir los espacios de apoyo por la sola inclusión en aulas regulares no atiende las diferencias de ritmo y nivel de aprendizaje.
“Es una maravilla que estén en aula regular, pero cada uno aprende a su ritmo. ¿Cómo los van a poner en un aula con sus pares en materias como física, trigonometría o química? Si es así, habrá deserción. Y si nos mandan al Icbf, pues ni modo. Mi hijo no va a ser un experimento”, declaró Rodríguez.
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