El Gobierno Petro es el actor estatal con mayor incidencia en las restricciones a la prensa en Colombia, asegura informe de la SIP

Un informe regional sobre libertad de expresión volvió a poner a Colombia bajo observación. La más reciente medición del Índice Chapultepec, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), concluyó que el país permanece en la categoría de naciones “En Restricción”, con un puntaje de 45,37 sobre 100.

El estudio evalúa la situación de la libertad de prensa en 23 países de América. Para esta edición, que analizó el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, participaron 195 jueces especializados en la materia. El promedio regional fue de 47,10 puntos, el más bajo desde que se publica el índice.

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En el caso colombiano, el documento indica que el país subió ligeramente en la clasificación general: pasó del puesto 14 al 12 y aumentó su puntaje en 5,03 puntos frente al año anterior, cuando registró 40,34. Sin embargo, la medición aclara que ese avance no representa un cambio estructural en las condiciones de la libertad de prensa.

Uno de los aspectos que más peso tuvo en la evaluación es el rol de las instituciones del Estado. Según el documento, el entorno estatal que más influye en situaciones desfavorables para la libertad de expresión es el poder Ejecutivo. Los jueces que participaron en la medición atribuyeron esa incidencia a la administración del presidente Gustavo Petro, a la que calificaron con una influencia “moderada”.

“Los jueces atribuyen al poder Ejecutivo la mayor incidencia institucional en situaciones desfavorables a la libertad de prensa, con una influencia moderada por parte de la administración de Gustavo Petro”, dice el informe.

El índice analiza tres grandes dimensiones para medir la libertad de expresión. En la primera, denominada “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, que revisa si existen condiciones para que la información circule libremente y la población pueda opinar sin restricciones, Colombia obtuvo 12,83 puntos de un máximo de 30.

La segunda dimensión mide las acciones del Estado frente a la violencia contra periodistas y medios de comunicación. En este punto el país recibió su calificación más baja: 13,37 puntos de 40 posibles.

La tercera categoría evalúa el control sobre los medios y el ejercicio del periodismo. Allí Colombia alcanzó 19,17 puntos de 30, un resultado superior al de las otras áreas analizadas.

Además de la actuación del gobierno, el informe menciona otros factores que influyen en el entorno para los periodistas. Entre ellos destaca la presencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

“El principal enemigo de la libre empresa periodística y del ejercicio de los comunicadores sociales en Colombia sigue siendo la presencia de grupos irregulares”, indica el documento.

Según la SIP, la situación se ha vuelto más compleja por la fragmentación del conflicto armado y la aparición de nuevas disidencias de las antiguas FARC y estructuras del ELN.

Durante el periodo analizado también se registraron ataques contra comunicadores. El informe menciona el asesinato de los periodistas Diómedes Farid Manrique y Óscar Gómez Agudelo en enero de 2025. Ambos murieron tras ser atacados por sicarios.

El documento sostiene que la falta de prevención y la impunidad en estos casos influyen en la calificación del país. “La incapacidad del Estado para prevenir estos decesos, así como la impunidad en los delitos, también tiene un impacto en el barómetro”, señala el reporte.

El texto también registra el atentado sufrido por el periodista Gustavo Chica Álvarez en julio de 2025, del cual sobrevivió. El informe incluye algunos hechos que considera avances institucionales. Entre ellos menciona una decisión de la Corte Suprema de Justicia que reconoce que los crímenes contra periodistas deben investigarse como ataques a la democracia.

También destaca dos fallos judiciales —las sentencias T-230 y T-149— que ordenaron garantizar el acceso de la prensa a sedes públicas y a los perfiles digitales de funcionarios.

Sin embargo, la SIP advierte que el uso de denuncias penales contra periodistas continúa siendo una práctica presente en el país. Según el informe, ese tipo de procesos judiciales ha sido utilizado “para silenciar voces críticas”.