Que porcentaje del rescate económico que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella le tocaría pagar a los colombianos: esto dice el análisis de un experto

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Rescate Económico que busca reducir el déficit fiscal mediante un ajuste que recaería, en mayor medida, sobre el Estado, aunque también incluiría aumentos de impuestos para consumidores y contribuyentes de mayores ingresos.

La propuesta fue radicada el 29 de octubre por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El Ejecutivo sostiene que el país enfrenta un desequilibrio que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a partir de 2027.

Según los cálculos oficiales, cerca del 70% del ajuste recaería sobre recortes y reorganización del gasto estatal. El resto provendría de cambios tributarios, entre ellos la ampliación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), nuevas cargas sobre algunos consumos y modificaciones en el impuesto de renta empresarial.

Pero quién pagaría el rescate económico

El proyecto prevé una reducción del 50% en los gastos por contratos de prestación de servicios, un recorte del 20% en costos de funcionamiento y una revisión de más de 250 transferencias y 50 fondos públicos.

También habilitaría al presidente para reorganizar, fusionar o eliminar entidades de la administración nacional durante seis meses. El Gobierno argumenta que estas medidas permitirían contener un gasto que, según su diagnóstico, creció por encima de los ingresos permanentes del Estado.

El Banco de la República proyectó un déficit fiscal de 7,2% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y de 9,4% en 2027, cifras que alimentaron el debate sobre la necesidad de un ajuste. La administración de De la Espriella sostiene que, sin la ley, el endeudamiento y el pago de intereses limitarían aún más los recursos para salarios, pensiones, salud, defensa e inversión pública.

Los consumidores pagarían más IVA en productos hoy gravados con tarifas reducidas

La parte tributaria del proyecto trasladaría varios bienes y servicios que hoy tienen una tarifa de IVA de 0% o 5% a la tasa general del 19%. Entre los productos alcanzados figuran algunos alimentos, combustibles y compras a plataformas internacionales.

El aumento del IVA genera las mayores críticas porque puede trasladarse a los precios finales que pagan los hogares. La propuesta contempla un mecanismo de devolución total del impuesto para 19 millones de personas de menores ingresos y una compensación de hasta el 50% para otros 16,5 millones de ciudadanos.

Marc Hofstetter, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, consideró que el diseño de la devolución podría atenuar el impacto regresivo del IVA. “A esa gente le van a devolver la totalidad”, explicó, en declaraciones a la cadena alemana DW, al referirse al grupo de menores ingresos incluido en el esquema de compensación.

El Gobierno plantea que buena parte de los cambios tributarios entre en vigencia en 2028, siempre que el Congreso apruebe la iniciativa. Por ahora, el proyecto no es ley y puede sufrir modificaciones durante el trámite legislativo.

Las empresas tendrían una reducción en el impuesto de renta

El plan combina el aumento del IVA con una rebaja gradual de la tasa del impuesto de renta para las empresas. La tarifa corporativa bajaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

El Ejecutivo sostiene que esa modificación busca estimular la inversión y el crecimiento, mientras amplía la base de otros impuestos al consumo. Sus críticos cuestionan que la reducción para las empresas conviva con cargas adicionales para bienes que compran los hogares.

El exviceministro de Hacienda Leonardo Pazos planteó que el Gobierno pretende avanzar en una reorientación económica que favorezca actividades extractivas y a grupos empresariales vinculados a la exportación de petróleo, carbón y minerales. También cuestionó que una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sirva para respaldar reformas impopulares.

El endeudamiento y el FMI elevan la presión sobre el ajuste

La deuda pública colombiana ronda el 62% del PIB, un nivel inferior al de varias economías desarrolladas, pero el costo de financiarla es mayor. El pago de intereses se convirtió en una de las partidas más elevadas del presupuesto nacional, mientras el país mantiene el acceso a los mercados internacionales con tasas superiores a las de economías como Japón.

Hofstetter sostuvo que el volumen de deuda debe analizarse junto con la capacidad de pago, las tasas de interés y el tamaño del Estado. “No hay manera de hacer sostenible una deuda con tasas de interés de ese estilo”, afirmó sobre el costo del financiamiento colombiano.

El Gobierno también mantiene conversaciones exploratorias con el FMI. No hay un programa aprobado ni un monto confirmado, aunque se ha mencionado la posibilidad de una financiación de entre USD 5.000 millones y USD 16.000 millones. El organismo valoró la presentación del paquete fiscal, pero no respaldó de forma específica ninguna de sus medidas tributarias.

El Congreso deberá definir el futuro de la Ley de Rescate Económico antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 16 de diciembre. La oposición ya convocó movilizaciones contra el presupuesto y contra las alzas impositivas incluidas en el proyecto.