Activistas e influencers analizaron el caso de Deicy Jiménez y el video en el que aparece con Gustavo Petro: “Si nos importan los derechos de las mujeres...”

La politóloga y docente universitaria Karol Solís Menco y la periodista Laura Camila Vargas pidieron que los sectores progresistas exijan una investigación rápida e independiente sobre las denuncias de la excontratista Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, sin convertir el caso en una defensa automática del dirigente ni en un instrumento para desplazar otros debates públicos.

Las dos activistas e influencers coincidieron en que el video divulgado por Jiménez, que mostraría un momento íntimo con Petro, puede respaldar la existencia de una relación entre ambos, pero no demuestra por sí mismo que hubo contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Para ellas, la justicia debe establecer si existió una relación entre esa cercanía y las decisiones de contratación.

La Fiscalía y la Procuraduría abrieron actuaciones, mientras Jiménez ya declaró ante la Corte Suprema de Justicia.

Petro ha rechazado haber utilizado contratos estatales para obtener favores sexuales y ha pedido que el material audiovisual sea sometido a peritajes.

Jiménez acusa a Petro de intercambiar contratos por sexo publica un video íntimo de ambos

Karol Solís pidió “ni ingenuidad ni absolución” frente a la denuncia

Solís planteó que el debate no debe centrarse en la vida íntima de Petro, sino en la denuncia de que una relación sexual pudo haber tenido como contraprestación contratos públicos.

“La denuncia es otra. Deicy Jiménez dice que recibió contratos estatales a cambio de favores sexuales. Eso es lo que tiene que resolver la justicia con base en las pruebas”, afirmó la docente en un video difundido en redes sociales el 5 de noviembre de 2026.

La politóloga advirtió que la condición de adultez de una mujer no elimina la necesidad de examinar posibles asimetrías de poder.

Además, Solís mencionó que “si un presidente o un congresista aprovecha las necesidades económicas de una mujer o su condición de clase social para obtener favores sexuales, está explotando justamente la vulnerabilidad que un proyecto progresista dice combatir”.

La activista y académica advirtió que la eventual existencia de una práctica repetida con otras mujeres elevaría la gravedad de los hechos.

“Si nos importan los derechos de las mujeres, hay que pedir investigación y celeridad”, recalcó Solís.

Laura Camila Vargas cuestionó la defensa automática a los líderes políticos

Vargas pidió a quienes se identifican con la izquierda y el feminismo que no protejan a ningún dirigente por afinidad ideológica.

“No metan las manos al fuego por ningún hombre, menos si son de izquierda y mucho menos si son feministas”, agregó la comunicadora en su análisis.

La periodista comentó que una denuncia puede tener implicaciones políticas y, al mismo tiempo, requerir una investigación seria.

En ese sentido, planteó Vargas, la cobertura del caso no debería desplazar asuntos como la reforma tributaria, el origen de recursos para campañas o las alertas sobre grupos armados, pero tampoco debería derivar en silencio frente a los señalamientos contra Petro.

“Una denuncia puede ser verdadera y al mismo tiempo ser utilizada políticamente como una cortina de humo”, señaló la creadora de contenido, y expuso ambas posibilidades deben analizarse sin que una invalide a la otra.

Vargas recordó que los registros públicos muestran contratos de Jiménez con entidades estatales, aunque subrayó que ese dato no acredita, por sí mismo, que hubieran sido obtenidos por influencia de Petro.

La base de contratación pública registra 10 contratos asociados a la excontratista: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia.

Las dos activistas pidieron separar la relación privada de la función pública

Para Solís y Vargas, una relación entre dos adultos pertenece al ámbito privado mientras no haya elementos de presión, aprovechamiento de una posición de poder o uso de recursos y decisiones estatales para favorecer a una de las partes.

“El problema aparece si esa cercanía terminó convertida en recomendaciones, accesos o contratos pagados con los recursos del Estado”, dijo Vargas.

La periodista pidió examinar la ruta contractual, los procesos de selección, las funciones desempeñadas y cualquier posible intervención de funcionarios.

Por su parte, Solís también insistió en que el análisis debe incluir una perspectiva de género y de clase.

Para la docente universitaria y escritora una diferencia de poder no anula de forma automática el consentimiento, pero obliga a evaluar las condiciones en las que se desarrolla una relación cuando una persona concentra influencia sobre oportunidades laborales o contractuales.

A su vez, el abogado defensor de Petro, Alejandro Carranza, afirmó que la autenticidad, el origen, la fecha y el contexto del video deben ser determinados mediante peritajes.

Sumado a esto, el penalista también ha sostenido que incluso una eventual autenticación de la grabación no demostraría por sí sola contratos, pagos o decisiones administrativas irregulares.

El llamado fue a una izquierda que no dependa de una sola figura

Las dos creadoras de contenido situaron la discusión dentro de una crítica más amplia a la defensa partidista de los líderes políticos.

Solís destacó que el progresismo debe ser “mucho más grande” que Petro y que el Pacto Histórico.

“Uno de mis principios mínimos compartidos es no taparle a ningún hombre ningún abuso de poder contra las mujeres”, afirmó la politóloga, quien resumió su postura en la frase: “Ni ingenuidad ni absolución”.

Vargas expresó una idea similar: “Petro no es incuestionable y tampoco puede seguir siendo nuestro único referente”.

Para la periodista, la izquierda debe sostener una exigencia ética frente a sus propias figuras públicas, en especial cuando ha cuestionado a otros sectores por proteger a dirigentes señalados de conductas irregulares.

El caso judicial avanza luego de que la Fiscalía citó a Jiménez para ampliar su declaración y ordenó la extracción forense de información de su teléfono celular.

La Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de entidades como el Congreso, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Salud.