La jornada electoral que se desarrolla en todo el país este domingo 8 de marzo de 2026 estuvo marcada, en vísperas de la apertura de las urnas, por un hecho alarmante: la senadora Esmeralda Hernández, de la coalición Pacto Histórico, denunció amenazas de muerte a través de un mensaje publicado en su perfil de X la noche del sábado 7 de marzo.
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“Durante los últimos días me han llegado múltiples amenazas, por la prohibición de las peleas de gallos, derivada de nuestra ley “#NoMásOlé” por decisión de la Corte (Constitucional)”, inicia el mensaje de Hernández.
En la segunda parte de su denuncia en redes sociales, la congresista le pidió “a la @FiscaliaCol (Fiscalía General de la Nación) y a la @PoliciaColombia (Policía Nacional) investigar esta cuenta y dar con estos criminales”.
Al final de su mensaje, la senadora, que busca un segundo periodo en el Congreso (2026-2030), precisó: “Nosotros seguiremos sin parar por nuestra causa. ¡No nos van a callar!”.
Qué menciona la amenaza de muerte: habría sido enviada por un cabecilla de las disidencia de las Farc
Pese a que la Ley ‘No Más Olé’ impacta en su mayoría al gremio de la tauromaquia, la amenaza de muerte que compartió Hernández se refiere al sector de los galleros, y le piden en forma expresa renunciar a su cargo como senadora.
En total fueron tres capturas de pantalla de un chat por parte un usuario llamada Brayan Cardona.
La primera conversación es del viernes 27 de febrero de 2026 y señala: “Brayan Cardona 27 feb 2026, 1:10 am Señorita esmeralda le escribe comandante cardona frente 15 de las farc, lea muy bien, si ud no revoca esa ley pendeja de acabar con el gremio gallístico mando a colocar explosivos donde vive y acabo con toda su familia. Le doy 1 semana, ud no sabe con quien se metió. Queda advertida señora. Ya sabe 1 semana”.
La segunda advertencia se dio el martes 3 de marzo, y señala: “Oiga sra ud se busca una muerte pendeja, aparte que quiere dejar familias desempleadas en el gremio gallístico, también retirar los caninos en seguridad privada. Cómase una tonelada de mierda vieja malparida. Tengo un sobrino que es vigilante, donde se quede sin empleo me desquito con sus hijos a ver que le parece. Le quedan 3 días recuerde. Ya di la orden de desaparecer su puta casa y acabar con toda su familia si no revoca esos proyectos. Ya sabe. Esto no es un juego señora”
La última conversación se dio el viernes 6 de marzo de 2026, y solo menciona: “Buenas noches sra Esmeralda recuerde que hoy se le cumple el plazo de renunciar a su cargo. O quiere terminar en uno de estos. Igual que toda su familia e hijos”.
Acompañado al último mensaje aparece una imagen de un cajón funerario.
En qué consiste la Ley ‘No Más Olé’ y cómo va luego de quedar en firme por parte de la Corte Constitucional
El sector taurino colombiano afronta una de sus mayores crisis luego de que la Ley 2385 de 2024, conocida como “No Más Ole”, prohibiera las corridas de toros y otras prácticas relacionadas en el país.
Esto implica una transición de tres años hasta 2027 para permitir que los involucrados busquen alternativas laborales, y ha ocasionado el enfrentamiento entre toreros, empresarios del gremio y defensores de los derechos de los animales.
Sin embargo, la sanción que el presidente Gustavo Petro firmó el 22 de julio de 2024 marcó un antes y un después para el sector: la nueva ley no solo prohíbe las corridas; también cabalgatas, corralejas, toros coleados y peleas de gallos, prácticas que, hasta ahora, habían sido avaladas culturalmente.
La entrada en vigor de la Ley 2385 fue seguida por un volumen sin precedentes de demandas ante la Corte Constitucional.
En septiembre de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de la prohibición, priorizando la defensa de los derechos de los animales sobre el mantenimiento de tradiciones que implican sufrimiento.
Esmeralda Hernández radicó proyecto de ley que busca acabar con el uso de perros en seguridad privada
Mientras que el 2 de marzo de 2026, Hernández presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de perros en la seguridad privada en Colombia, tras observar un aumento del 400% en la utilización de estos animales desde la aprobación de la ley que pretendía regular su trabajo.
La iniciativa contempla un periodo de transición de un año para retirar a los perros de estas funciones, con nuevas disposiciones orientadas a proteger su bienestar y evitar prácticas que puedan causarles daño físico o psicológico.
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