Durante la jornada electoral celebrada este 8 de marzo de 2026 en el Atlántico, se registraron varias capturas relacionadas con órdenes judiciales vigentes.
Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos de la región como parte de las acciones de control implementadas por las autoridades del Plan Democracia.
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En la localidad Suroccidente de Barranquilla, agentes de la Sijín junto con personal del CTI efectuaron la detención de Honer Bello Morales, de 47 años, en las instalaciones del Colegio Sofía Camargo. Este ciudadano era buscado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.
Los hechos que motivaron la orden judicial ocurrieron en octubre de 2023 en el barrio Terranova del municipio de Soledad, donde la víctima fue una menor de edad. Además del proceso actual, el detenido tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes en tres ocasiones, porte ilegal de armas de fuego y amenazas.
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En otra intervención, uniformados realizaron una verificación de antecedentes en la institución educativa Pánfilo Cantillo, en Campo de la Cruz, tras la votación de un ciudadano.
El resultado arrojó que Deivis Reales Páez, de 22 años, estaba siendo requerido por la justicia por el delito de deserción, conforme a lo establecido en el artículo 109 del Código Penal Militar.
La orden de captura había sido expedida por el Juzgado Segundo de Brigada de Bucaramanga el 14 de agosto de 2024 para el cumplimiento de una condena pendiente. Las autoridades informaron que el joven también tenía una anotación previa en el sistema Spoa por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, hecho registrado en 2017 en el departamento del Magdalena.
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Las autoridades reiteraron que estos operativos formaron parte de los esfuerzos para garantizar la normalidad y la seguridad durante el ejercicio democrático. Los controles realizados incluyeron la verificación de antecedentes judiciales y el monitoreo de posibles actividades ilícitas.
El desarrollo de la jornada electoral transcurrió bajo estricta vigilancia policial, con énfasis en puntos estratégicos de Barranquilla, el sur del Atlántico y ejes viales clave.
Las capturas y procedimientos evidencian el despliegue de recursos humanos y técnicos por parte de la Policía y otras entidades encargadas de la seguridad ciudadana.
La coordinación entre la Sijín, el CTI y la Fiscalía permitió identificar a personas requeridas por la justicia y detectar movimientos financieros irregulares, contribuyendo al fortalecimiento de la integridad del proceso electoral y la prevención de delitos en la región.
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Detuvieron a candidato a la Cámara en Leticia con 20 millones de pesos
Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes, enfrenta un proceso judicial tras ser detenido en Leticia con una considerable suma de dinero en efectivo.
El político fue sorprendido por la Policía Nacional en las inmediaciones del aeropuerto de la capital del Amazonas, donde los agentes hallaron que transportaba 20 millones de pesos.
Las autoridades trasladaron el caso a la Fiscalía General de la Nación, que ahora adelanta las diligencias correspondientes para imputar el delito de cohecho por dar u ofrecer.
Según la investigación, los hechos se desarrollaron cuando uniformados interceptaron a Moreno cerca del terminal aéreo y le solicitaron explicar la procedencia del efectivo.
La fiscal Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial, expuso que el aspirante supuestamente intentó evitar la incautación del dinero mediante el ofrecimiento de una suma a los policías.
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“Estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 20 millones de pesos en efectivo que transportaba”, expresó la funcionaria.
La audiencia de imputación, que tiene lugar ante un juez de la República, constituye el primer paso formal en el proceso penal. En esta etapa, la Fiscalía expone al investigado los cargos que podría enfrentar y describe los hechos que motivaron la apertura de la investigación.
La figura de cohecho por dar u ofrecer sanciona a quienes traten de influir en funcionarios públicos mediante dádivas o promesas para alterar el curso de sus actuaciones o evitar decisiones oficiales. El proceso seguirá su curso hasta que el juez determine la responsabilidad del acusado.
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