La reciente participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr. en una película financiada con fondos públicos en Colombia ha reavivado el debate acerca de su historial judicial y el uso de recursos estatales.
El largometraje, que narra la vida del almirante José Prudencio Padilla, cuenta con un presupuesto total de $15.891 millones (aproximadamente USD 4 millones), de los cuales el Ministerio de las TIC aportó $8.100 millones y el resto provino de la coproductora. La producción está a cargo de RTVC, el Sistema de Medios Públicos.
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La presencia de Gooding Jr., junto a figuras como el presidente Gustavo Petro y el actor colombiano Luis Velasco —ambos con breves apariciones en el rodaje—, ha sido documentada en fotografías que circulan ampliamente en redes sociales y medios nacionales. El filme prevé su estreno a mediados de 2026, tanto en salas de cine como en plataformas de streaming gestionadas por el Estado.
La carrera de Gooding Jr., ganador del Óscar en 1997, se ha visto marcada en los últimos años por múltiples señalamientos de abuso sexual. Desde 2019, más de 20 mujeres lo han acusado de comportamientos inapropiados, según informó la agencia internacional AFP y distintos medios estadounidenses. Estos hechos se enmarcaron en el contexto del movimiento #MeToo, que visibilizó denuncias de acoso sexual en la industria del entretenimiento.
En abril de 2022, el actor se declaró culpable de un cargo de acoso menor. El caso penal, iniciado por una denuncia de contacto físico forzado en un club nocturno de Manhattan en 2018, derivó en que el tribunal le ordenara cumplir un programa de tratamiento contra el alcoholismo y modificación de conducta, sin sentencia de prisión.
El fiscal de distrito de Manhattan argumentó que los antecedentes del actor demostraban intencionalidad en sus acciones y ausencia de consentimiento por parte de las víctimas.
Para quienes se preguntan por el desenlace judicial, la situación de Cuba Gooding Jr. quedó resuelta en lo penal tras cumplir las condiciones del acuerdo, lo que permitió que se retirara el cargo menor y no quedaran antecedentes penales en su historial. En el ámbito civil, el actor alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2023 por una acusación de violación, según recogió el Los Angeles Times.
Durante el juicio, la Fiscalía solicitó la comparecencia de 19 denunciantes para testificar sobre supuestos comportamientos inapropiados, aunque finalmente solo se admitieron dos testimonios relacionados con hechos ocurridos entre 2018 y 2019 en locales nocturnos.
El abogado defensor, Frank Rothman, declaró a la AFP que su cliente admitió haber besado a una camarera sin consentimiento, pero aseguró: “Todos los demás cargos han sido desestimados (…) En seis meses, si se mantiene sin problemas, ese cargo será retirado y no tendrá antecedentes penales al final de esto”.
En lo civil, la demanda más grave enfrentada por Gooding Jr. se resolvió fuera de los tribunales. La acusación, que solicitaba una indemnización de USD 6 millones, fue zanjada tras un acuerdo entre las partes. El intérprete, a través de sus representantes legales, insistió en que el encuentro había sido consensuado.
La decisión de incluir a Cuba Gooding Jr. en una producción cinematográfica sufragada con fondos públicos en Colombia ha puesto bajo la lupa los criterios de selección y la rendición de cuentas en el uso del dinero estatal. La controversia no solo evidencia la atención que suscitan las figuras internacionales involucradas en proyectos nacionales, sino que también expone la responsabilidad de las entidades públicas al evaluar el historial personal y judicial de los participantes.
La reacción social y mediática evidencia una demanda creciente de transparencia en los procesos de contratación y una mayor sensibilidad hacia los antecedentes de quienes ocupan posiciones de visibilidad, especialmente en el contexto de movimientos como #MeToo.
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