La Fiscalía General de la Nación confirmó que los soldados Abel José Meza Gómez, Jorge Luis Benavides Alvear y John Sebastián Fajardo Padilla fueron enviados a la cárcel.
La judicialización de los hoy procesados se dio luego de ser señalados como presuntos responsables de causar la muerte a un perro recién nacido en un puesto avanzado de Infantería de Marina, ubicado cerca del aeropuerto de Buenaventura, Valle del Cauca.
De acuerdo con lo que destacó el ente investigador en su resolución, el hecho ocurrió el 5 de febrero de 2026.
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De acuerdo con la investigación adelantada por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), los militares habrían recogido al canino en medio de la vegetación.
Según las pruebas, Meza Gómez lo sujetó y agredió, mientras que Fajardo Padilla lo atacó con un machete. Por su parte, Benavides Alvear grabó los hechos en video y posteriormente compartió las imágenes a través de un chat de mensajería instantánea.
La captura de los tres soldados se realizó en una operación conjunta con la Policía Nacional, y luego de ser presentados ante un juez penal de control de garantías, la Fiscalía les imputó el delito de muerte animal agravada.
Durante la audiencia, Fajardo Padilla aceptó los cargos y permanecerá vinculado a la investigación, mientras que los otros dos uniformados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Al final del comunicado, desde el ente investigador se reiteró su compromiso en la lucha contra el maltrato animal y en el procesamiento judicial de quienes cometen este tipo de conductas, en cumplimiento de la legislación vigente.
En uno de los fragmentos en audio que se conocieron de la audiencia, se escucha parte del relato por parte del fiscal del Gelma sobre cómo ocurrieron los hechos: “(...) Se encontraban presentes varios infantes de marina en cumplimiento de actividades del dispositivo de seguridad del lugar. En este punto del terreno permanecía un cachorro canino de tan solo días de nacido, a escasa distancia de las construcciones de aquel puesto de la Infantería de Marina. Momentos en los cuales Abel José Meza Gómez se aproximó al cachorro, lo tomó con la mano y lo desplazó hacia la zona de pasto. Seguidamente, colocó su pierna sobre la cabeza de este y el cuello del animal, ejerciendo presión, y mantuvo la inmovilización mientras el cachorro emitía chillidos continuos”.
“Durante esta intervención, también lo pateó y pisó varias veces y realizó expresiones verbales alusivas al estado del cachorro, señalando expresiones como: ‘Le traqueó el cerebro’. A su vez, su señoría, Jorge Luis Benavides Alvear registró en video toda la secuencia anterior, permaneció frente a la escena y profirió indicaciones verbales a los otros dos infantes en relación con las acciones que estaban realizando sobre el cachorro, incluyendo, señoría, observaciones sobre la forma de aplicar esos actos y de evitar que el animal hiciera bulla”, continuó con la descripción del caso de maltrato animal el funcionario de la Fiscalía.
Al final, el fiscal concluyó: “Jhon Sebastián Fajardo Padilla intervino a continuación portando un machete en su mano derecha, pisó nuevamente la cabeza del cachorro y, tras posicionarlo, ejecutó un golpe descendente con el machete dirigido al cuerpo del animal, causándole así la muerte”.
Lo más desconcertante en el relato del fiscal fue cuando confirmó que “ese registro audiovisual grabado por los aquí participantes circuló entre integrantes del comando militar mediante mensajería instantánea, llegando incluso a conocimiento de sus superiores”.
Dos casos más de maltrato animal se denunciaron en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos personas señaladas de incurrir en graves hechos de maltrato contra animales de compañía en Bogotá.
Uno de los casos resultó en la muerte de una canina tras ser arrojada desde el balcón de un edificio, mientras que el otro involucra agresiones reiteradas a una mascota de avanzada edad.
Las actuaciones judiciales se desarrollaron tras la labor del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), según reportó la propia entidad a través de un comunicado el 18 de febrero de 2026.
El primer caso se remonta al 24 de octubre de 2025 en un complejo residencial del norte de Bogotá. Allí, vecinos denunciaron que Andrés Mauricio Ariza Durán ejercía violencia sobre Samantha, una canina de raza Golden Retriever de 14 años.
Un video entregado a las autoridades evidenció presuntas agresiones frecuentes hacia la mascota, algunas de ellas ocurridas dentro del cuarto de basuras del edificio.
El material audiovisual fue considerado clave en la indagación de la Fiscalía General de la Nación, que procedió a imputar a Ariza Durán el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, en su modalidad agravada.
El cargo no fue aceptado por el implicado, que deberá comparecer ante la justicia durante el proceso penal en curso.
En el segundo caso que se presentó el 26 de noviembre de 2025 en el barrio Bosa Porvenir, también en la capital colombiana, la Fiscalía imputó a Olga Patricia Marín Sotelo por su presunta responsabilidad en la muerte de Mila, una perra de 8 meses de edad.
Según el expediente, la mujer habría lanzado al animal desde el balcón de un apartamento en el segundo piso de una torre residencial, provocando el fallecimiento de la mascota.
La Fiscalía informó que la investigación fue respaldada por el trabajo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), cuyos funcionarios realizaron visitas de inspección en los lugares donde ocurrieron las agresiones.
De acuerdo con la información oficial, las autoridades constataron las condiciones en que se encontraban los animales y recopilaron pruebas testimoniales y documentales.
En ambos procesos judiciales, los señalados rechazaron los cargos que les imputaron los fiscales. En el caso de Samantha, la acusación corresponde al delito de lesiones agravadas, mientras que en el de Mila, la imputación es por muerte de animal agravada.
El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), dependiente de la Fiscalía, reforzó en los últimos años sus mecanismos de investigación y judicialización de hechos de crueldad hacia animales en Colombia.
Según datos de la propia entidad, las denuncias por este tipo de delitos han mostrado un incremento sostenido, lo que ha llevado a un mayor seguimiento de las actuaciones policiales y fiscales.
El marco normativo colombiano contempla sanciones para quienes sean declarados responsables de maltrato animal.
La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) en Colombia, sancionada en abril de 2025 e impulsada por la senadora Andrea Padilla, fortalece la protección animal actualizando el estatuto de 1989.
En la ley se reconoce a los animales como seres sintientes, aumenta las penas por maltrato y abuso sexual animal, prohíbe la tenencia de animales a condenados y crea un registro de agresores.
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