La Fiscalía General de la Nación judicializó a uno de los presuntos responsables del asesinato del ciudadano estadounidense Martín George Paige, un exintegrante de la Marina de Estados Unidos que fue atacado durante un robo en su vivienda en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.
El crimen ocurrió el 2 de febrero de 2025 y, según las autoridades, habría sido el resultado de un plan previamente coordinado por varios implicados para hurtar joyas y otros objetos de alto valor.
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De acuerdo con la investigación, el procesado Carlos Alberto Sánchez Jiménez habría facilitado elementos y participado en la planificación del asalto que terminó con la muerte del hombre de 75 años, quien residía en California y había llegado a Colombia en diciembre del 2024.
Un asalto planeado que terminó en homicidio
Los hechos ocurrieron hacia las 3:30 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle 17 del barrio Los Ángeles, cerca del cementerio de Villa de Leyva.
Según el relato entregado por la pareja de la víctima, una mujer colombiana de 59 años, dos hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto irrumpieron en la residencia tras romper una ventana con una piedra.
Una vez dentro, los agresores se enfrentaron a Paige y lo sometieron utilizando bandas plásticas similares a las que se emplean en trabajos eléctricos. Con estos amarres lo inmovilizaron atándole manos y pies mientras registraban el inmueble en busca de objetos de valor.
El análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que el exmarine fue golpeado repetidamente en la cabeza durante el ataque. Además, los investigadores establecieron que los agresores le suministraron opioides que lo dejaron inconsciente antes de que muriera por asfixia mecánica.
La emergencia fue reportada alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando la esposa del ciudadano estadounidense alertó a las autoridades. Al llegar al lugar, uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Paige dentro de la vivienda.
El coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía Nacional de Colombia en Boyacá, indicó que la pareja había llegado apenas cinco días antes a esa casa. Según las primeras hipótesis, los delincuentes conocían la presencia de objetos valiosos en el lugar y planearon el robo con antelación.
Pruebas de cámaras y compras rastreadas
Uno de los aspectos clave de la investigación fue el rastreo de evidencias materiales y registros de cámaras de seguridad. Los investigadores lograron ubicar una ferretería donde se habrían comprado las bandas plásticas utilizadas para inmovilizar a la víctima.
Mediante el análisis de los videos del establecimiento, las autoridades identificaron a Sánchez Jiménez, su hijastro Jesús Alberto Ramírez Machado y Eduardo Moisés Machado González como las personas que adquirieron estos elementos la noche anterior al crimen.
Durante la audiencia judicial, la jueza del caso explicó que el informe investigador confirmó la coincidencia entre los amarres comprados y los encontrados en el cuerpo de la víctima.
Según la funcionaria, en las grabaciones se observa claramente a uno de los implicados realizando la compra de los elementos utilizados en el ataque.
Además, los investigadores recopilaron material audiovisual de cámaras ubicadas cerca del parque principal de Villa de Leyva. En estas imágenes se registraron encuentros entre los sospechosos en días previos al homicidio, lo que reforzó la hipótesis de una planificación conjunta del delito.
Robo de joyas y condenas de hasta 25 años
De acuerdo con la Fiscalía, durante el asalto los delincuentes se llevaron varias piezas de alto valor. Entre ellas se encuentran un diamante blanco valorado en 25.000 dólares, un anillo de oro blanco con esmeralda avaluado en cerca de seis millones de pesos colombianos y una manilla de plata estimada en unos 600 dólares, además de otros artículos.
Las evidencias recolectadas permitieron la captura de los tres implicados y la legalización de sus detenciones en el municipio de Moniquirá. Según informó el ente acusador, Carlos Alberto Sánchez Jiménez fue identificado como uno de los principales articuladores del plan criminal.
En el proceso judicial, Sánchez Jiménez aceptó cargos por homicidio agravado y hurto calificado agravado. Por su parte, Ramírez Machado y Machado González llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y fueron condenados a 25 años de prisión como coautores materiales del asesinato.
La investigación también apunta a la participación de una cuarta persona, una mujer que presuntamente habría colaborado en la planeación y ejecución del crimen. Las autoridades adelantan su búsqueda mediante una notificación roja de Interpol, con el fin de lograr su captura en cualquier país.
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