La Corte Suprema de Justicia ha puesto el foco sobre dos figuras clave en la política colombiana: Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, actualmente prófugo y asilado en Nicaragua, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial.
Ambos fueron citados a declarar en el marco del proceso contra los excongresistas Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, detenidos por presuntamente recibir sobornos por 3.000 millones y 1.000 millones de pesos, respectivamente, provenientes de sobrecostos en contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de acuerdo con el medio Cambio.
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La audiencia preparatoria del juicio se llevará a cabo de manera virtual el jueves 5 de marzo de 2026, a las 2:00 p. m..
Aunque la atención pública inicialmente se centró en Name y Calle, la Corte Suprema ha dejado claro que Ortiz y González son piezas fundamentales para entender la dimensión de la trama de corrupción que salpica a altos funcionarios y excongresistas.
En el caso de Ortiz, la investigación apunta a que habría actuado como intermediaria de González: entregó personalmente una maleta con billetes a Name en Bogotá y, según las indagaciones, también habría trasladado fondos a Calle en Montería.
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Por su parte, González, desde Nicaragua, es señalado como el autor intelectual de los pagos, que habrían servido para acelerar reformas gubernamentales en el Congreso.
El entramado de corrupción gira en torno a la compra de cuarenta carrotanques para abastecer de agua potable a La Guajira.
Según Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd y condenado a cinco años de prisión por admitir su participación, los sobornos provinieron de sobrecostos en estos contratos y, en el caso de Calle, incluso se utilizaron criptomonedas para trasladar un millón de pesos.
Los detalles aportados por Pinilla se consideran claves para reconstruir el modus operandi de la red y establecer cómo los pagos ilegales se vincularon con decisiones legislativas, incluyendo reformas de salud y pensiones tramitadas en 2023.
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La Corte ha ordenado que la declaración de González solo se realice si renuncia expresamente a su derecho a guardar silencio y está acompañado por su abogado defensor.
Esto, según fuentes judiciales, abre la puerta a esclarecer el papel exacto de González en la canalización de recursos y su relación con Ortiz, así como la existencia de posibles estructuras de coordinación entre altos funcionarios para influir en la agenda legislativa.
Ortiz, mientras tanto, enfrenta cargos de tráfico de influencias, peculado y lavado de activos, y también está bajo investigación de la Procuraduría.
A pesar de la acción de tutela que interpuso buscando frenar su citación, la Corte rechazó su petición, dejando claro que su testimonio es indispensable para entender la ruta del dinero y la participación de distintos actores en la Ungrd, según el medio Cambio.
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Las investigaciones incluyen análisis técnicos y peritajes contables, inspecciones judiciales a inmuebles vinculados a Calle y seguimientos de localización a vehículos y teléfonos de los involucrados, incluyendo a Ortiz y González.
La defensa de Name, por ejemplo, ha presentado registros que, según ellos, prueban que el congresista no estaba en Bogotá el día en que Pinilla asegura que recibió el dinero, argumentando que se encontraba coordinando las exequias del artista Fernando Botero el 12 de octubre de 2023.
La Corte también ha citado a otros altos funcionarios como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para que explique cómo se pactaron los préstamos de dinero a Pinilla y quiénes autorizaron los posibles sobrecostos en los carrotanques.
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López deberá detallar si existió una estructura conocida como “cónclave”, integrada por funcionarios con capacidad de influir en decisiones legislativas a favor del Gobierno.
El proceso judicial incluye a exministros y otros testigos propuestos por la defensa de Calle, pero es Ortiz y González quienes concentran el interés público y mediático.
Su declaración podría esclarecer no solo los flujos de dinero sino también la posible coordinación de altos funcionarios y parlamentarios en la red de corrupción vinculada a la Ungrd, un escándalo que promete sacudir la política colombiana.
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