Familia de Kevin Acosta denunciará a Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y a la Nueva EPS: “Nadie está por encima de la ley”

A través de la defensa proporcionada por el abogado Manuel Villanueva, la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico anunció que presentará denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente de la Nueva EPS, el agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, tras considerar que la muerte del pequeño fue consecuencia directa de negligencia en la atención médica.

El viernes 13 de febrero de 2026, el país supo del fallecimiento de Kevin Acosta, un pequeño de siete años, que estuvo sangrando por la nariz por al menos 24 horas en un centro asistencial de Pitalito, Huila, a raíz de un golpe que tuvo al caerse de su bicicleta.

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Acosta Pico sufría de hemofilia A severa desde que era un bebé de nueve meses, y durante su estadía en el hospital no recibió el medicamento que necesitaba para detener el sangrado.

Y luego de toda la controversia de la respuesta institucional de la Nueva EPS, además de la cuestionada reacción del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el abogado Villanueva aseguró las denuncias pueden fundamentarse en que la causa del fallecimiento fue un incumplimiento grave por parte de la entidad prestadora de salud.

“Es un tema de negligencia de la Nueva EPS, consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia”, afirmó Villanueva, entrevistado por Semana.

Sobre el proceso de atención tras el accidente, relató: “El niño se accidentó el 9 de febrero a las 6:00 p. m. en Palestina, Huila. En Pitalito le hicieron una atención más compleja, pero no con la capacidad que se debía tener para atender al menor. La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer”.

El abogado aseguró que la Nueva EPS “sabía cuál era la condición médica del niño. Le suministraba un medicamento desde que nació, una obligación. El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó el niño accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto. Como no tenía el medicamento, el tema de la coagulación fue terrible”.

En ese sentido, Villanueva insistió en que hay responsables penales: “Eso lo tendría que investigar la Fiscalía: quién es el que tenía que dar la orden del suministro del medicamento y por qué no la dio”.

Por tales motivos, adelantó que impulsará acciones legales contra la gerencia de la EPS y otros funcionarios implicados: “Vamos a denunciar penalmente a quien haya intervenido en esa cadena de falta de responsabilidad, porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos”.

Sobre los cargos, explicó que será la Fiscalía la que “hará la calificación. Puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio agravado. Como consecuencia de la omisión, el niño hoy está muerto”.

Las razones para denunciar al Gobierno Petro

El abogado también cuestionó el papel del Gobierno, especialmente, porque, ante el evidente deterioro progresivo del sector de la salud, el ministro Jaramillo, “como cabeza del sector, debe responder. A él le entregamos los colombianos el manejo de nuestra salud. Tiene que haber una responsabilidad penal. Yo voy a interponer las denuncias ante los tribunales que me toquen”.

Y eso incluye al jefe de Estado Gustavo Petro, que apenas supo de la muerte del pequeño, afirmó que la respuesta institucional debía estar antecedida por la familia. Es decir, atribuyó la principal responsabilidad a los padres de Kevin Acosta.

“El esfuerzo que hemos hecho está en prevenir. Y, ¿Quiénes son las instituciones encargadas de prevenir? Pues, en primer lugar, la familia", dijo Petro, en un Consejo de Ministros. Pero el mandatario, además, en sus redes sociales, publicó la historia clínica del menor, que son reservadas.

“Usted, como funcionario público, no puede salir a hacer una lectura pública de una historia clínica. Eso es un delito. Está establecido en la ley. Miraremos, de acuerdo con el pronunciamiento del presidente, dónde se adecúa la conducta típica. Iremos ante la Comisión de Acusación a denunciarlo penalmente”, dijo Villanueva.

Villanueva agregó que los familiares temen represalias: “Ellos tienen temor del Gobierno por los pronunciamientos que ha salido a hacer el mismo presidente de la república (...) Me parece que es necesario que la justicia le demuestre algo a un Estado, a un Gobierno como este, que nadie está por encima de la ley”, dijo.

Agregó que la familia de Kevin Acosta aún necesita el apoyo de los colombianos porque “allá (en Huila) no tienen garantías. Además, se sienten acosados por el Gobierno, se sienten, de alguna manera, presionados por el Gobierno. Han recibido llamadas de funcionarios de distintos ministerios, que los van a ayudar, que los recogen”.