A pocos días de que el país acuda a las urnas para renovar el Congreso, la Policía Nacional ajusta el engranaje de uno de los operativos más grandes del año. El 8 de marzo no será una jornada cualquiera, más de 13.000 puestos de votación estarán abiertos en todo el territorio y requerirán presencia institucional permanente.
En total, se habilitarán 13.493 puestos y 122.121 mesas de votación. De ese universo, la Policía asumirá la custodia de 7.679 puestos el 57% y de 110.214 mesas, lo que equivale al 90% del total dispuesto en el país. La magnitud del despliegue obliga a una coordinación milimétrica entre uniformados, autoridades civiles y organismos electorales.
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Para la jornada se movilizarán cerca de 120.000 policías. De ellos, 70.000 estarán asignados directamente a los puestos de votación, con funciones de vigilancia y acompañamiento. Los otros 50.000 se ubicarán en los entornos y zonas aledañas, con el objetivo de garantizar la movilidad, prevenir alteraciones del orden público y reaccionar ante cualquier incidente.
El director general de la institución, el general William Oswaldo Rincón, explicó que se dispusieron todas las capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para asegurar que el proceso avance “con transparencia, tranquilidad y pleno respeto por la democracia”. El mensaje apunta a reforzar la confianza ciudadana en medio de un panorama electoral que presenta desafíos en varias regiones.
La estrategia no será uniforme. El despliegue se ajustará según la situación de orden público de cada zona. En paralelo, se activarán Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional para articular el servicio policial con las entidades que integran el Sistema Nacional de Garantías Electorales. Desde allí se hará seguimiento en tiempo real a posibles riesgos y se coordinarán respuestas inmediatas.
El contexto obliga a extremar precauciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 170 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral por la coincidencia de factores de amenaza. De ese total, 81 están clasificados en riesgo extremo, una cifra que representa un incremento del 65% frente a las elecciones de 2022.
Entre las subregiones identificadas como focos críticos figuran Arauca; el Nordeste antioqueño y el sur de Bolívar; el Pacífico; el norte del Cauca; el suroriente colombiano, con municipios de Meta, Caquetá y Guaviare; y el medio y bajo Putumayo. En estos territorios, la presencia de actores armados ilegales, disputas territoriales y antecedentes de violencia política elevan el nivel de alerta.
Los hechos recientes refuerzan esa preocupación. El 10 de febrero, en Cauca, la senadora indígena Aida Quilcué fue retenida durante tres horas por hombres armados. Días después, el 25 de febrero en la noche, el equipo de comunicaciones de la candidata a la curul de paz Ana Guetio denunció su desaparición en ese mismo departamento, sin que hasta ahora se conozca información oficial sobre su paradero.
Ante este panorama, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol puso en marcha el Equipo Especial contra Delitos Electorales (Ecode). Esta unidad cuenta con 54 seccionales de investigación en el país y tendrá la tarea de prevenir y judicializar conductas que afecten la transparencia del proceso.
La ciudadanía podrá denunciar posibles irregularidades, amenazas o hechos que comprometan la seguridad de candidatos y votantes a través de la línea 157. La intención es facilitar canales de reporte ágiles y centralizar la información para reaccionar con rapidez.
El operativo del 8 de marzo no se limita a custodiar urnas. Implica vigilar rutas de traslado de material electoral, acompañar a autoridades locales y garantizar que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni intimidaciones.
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