El movimiento Pacientes Colombia viajó hasta Washington D.C., Estados Unidos, a exponer la magnitud de la crisis humanitaria en el sistema de salud que se vive en Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La asociación presentó ante la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) un informe técnico que documenta con pruebas la cruda situación que afecta a millones de personas en el país, en especial tras las documentadas muertes del pequeño Kevin Acosta, menor que falleció a la espera de su tratamiento contra la hemofilia, así como la de Cecilia Quintero, que murió en un dispensario de medicamentos en Norte de Santander.
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El movimiento confirmó que debieron ir al exterior a buscar soluciones internacionales frente a lo que denomina un “genocidio silencioso” impulsado por decisiones políticas del Gobierno Petro, por una “fuerza ideológica”.
La delegación estuvo liderada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, que llegaron con un documento de más de 80 páginas que, según la organización, expone la “crisis humanitaria inducida por el Gobierno nacional”.
En la reunión detallaron las presuntas responsabilidades del Estado en cuanto a derechos fundamentarles como la salud, la vida y la dignidad, con base en tratados internacionales como el Protocolo de San Salvador.
“La deuda del sistema pasó de 13 billones a más de 32 billones, hay más de 400 medicamentos sin abastecer, han cerrado más de 40 hospitales y las tutelas en salud se han disparado un 92%. Los pacientes crónicos y los médicos están siendo sacrificados”, afirmaron desde la organización, que sentenció que la administración de Gustavo Petro “prefiere destruir el sistema antes que financiarlo”.
“Esta crisis no es técnica, sino una decisión política que está costando vidas colombianas. Que el mundo lo sepa: en Colombia, el derecho a la salud se ha convertido en una lotería de supervivencia”, fueron palabras de Denis Silva durante su intervención ante la Cidh.
Los delegados de Pacientes Colombia pidieron, entre otras solicitudes, medidas cautelares colectivas para pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas y de alto costo, así como la visita de un relator especial para verificar la situación hospitalaria y carcelaria en el país.
Los detalles del informe ante el organismo internacional
El informe presentado también detalló posibles incumplimientos reiterados del Gobierno nacional a órdenes de la Corte Constitucional, como el auto 007 de 2025, que declaró insuficiente la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó un reajuste que no se ha cumplido.
De hecho, se incluyó un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por la falta de transferencia de 819.000 millones de pesos, destinados a saldar deudas anteriores.
A pesar de la solicitud de declaración de Estado de Cosas Inconstitucionales, respaldada por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, la Corte negó la petición en agosto de 2025, dejando a los pacientes en una situación de indefensión.
“Acudimos al Sistema Interamericano porque la vía interna está agotada. (...) Lo que vive Colombia es una responsabilidad internacional del Estado por omisión: tiene los recursos y la orden judicial, pero ha decidido usar la salud como moneda de presión política. La Cidh debe actuar porque los pacientes colombianos ya no tienen a quién recurrir dentro de su propio país”, sostuvo Castro en su declaración.
Los pormenores de la crisis de salud que se expusieron
El informe agregó cifras que ilustran la dimensión de la crisis: la deuda del sistema de salud creció de $13 billones en 2022 a más de $32 billones en 2026, con un patrimonio negativo de -$15,8 billones. Apuntaron a que el desabastecimiento de medicamentos afecta a pacientes con diabetes, VIH, cáncer, enfermedades huérfanas y trastornos de salud mental, que pasó de menos de 100 tipos de fármacos en 2022 a más de 400 en 2026.
Según el reporte, durante los últimos dos años, los incidentes de desacato crecieron un 144% y las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) aumentaron un 41 %, de 1,2 millones en 2022 a 1,7 millones en 2025.
Además, se mencionó que al menos 12.000 profesionales de la salud han perdido su empleo o han visto reducidas sus horas, mientras que el 80% del personal sanitario trabaja bajo contratos sin estabilidad ni prestaciones.
De acuerdo con la denuncia, más de 5,5 millones de pacientes con diabetes, 750.000 en tratamiento oncológico activo, 190.000 con VIH, 150.000 en diálisis, 100 000 con enfermedades huérfanas y entre 25 000 y 30 000 trasplantados enfrentan interrupciones en sus tratamientos.
“Para un paciente con una enfermedad rara o un trasplante, la interrupción del tratamiento no es un trámite administrativo, es una sentencia de muerte. Somos víctimas de un abuso de poder que la Resolución 40/34 de la ONU reconoce como violación de los derechos humanos. Venimos a la CIDH a decir que en Colombia se muere por omisión del Estado, no por la enfermedad”, advirtió Néstor Álvarez, vocero de Pacientes de Alto Costo.
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