La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, arremetió contra el Gobierno nacional en un mensaje a través de sus redes sociales, acusando a funcionarios de alto rango de utilizar contratos públicos para resolver favores políticos personales.
En una serie de publicaciones en su cuenta de X, la congresista cuestionó la transparencia en la asignación de contratos y denunció lo que considera un claro caso de nepotismo, además de conflicto de intereses dentro de Migración Colombia y la Superintendencia de Servicios Públicos.
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“En este gobierno se volvió paisaje pagar favores con contratos. Vean este descaro entre los más altos funcionarios de @MigracionCol y la @Superservicios. ‘Tú contratas a mi esposa, yo contrato a tu esposo y nos cubrimos con la misma cobija’ (sic)”, escribió Pedraza.
La legisladora denunció un entramado de contrataciones entre familiares y parejas de los funcionarios; para respaldar sus acusaciones, compartió una imagen que revelaba la red de relaciones laborales y familiares entre altos funcionarios públicos en el país.
El caso de los contratos entre familiares: un presunto conflicto de intereses
Según lo expuesto por la congresista, la directora general de Migración, Gloria Arriero, y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, están casados. A través de sus respectivos cargos, ambos habrían contratado a los cónyuges del otro.
Gloria Arriero, por ejemplo, habría contratado a Edgar de Jesús Bernal como asesor del superintendente Durán, mientras que este último habría nombrado a Juliana Rodríguez, esposa de Bernal, en un cargo clave dentro de Migración Colombia.
Pedraza también señaló que la Ley 2013 de 2019 exige a los funcionarios declarar cualquier posible conflicto de interés derivado de sus relaciones familiares o de pareja; sin embargo, denunció que Juliana Rodríguez, que fue nombrada subdirectora de Control Migratorio, no incluyó a su esposo en la declaración de intereses al asumir su cargo.
“Rodríguez debía declarar las personas con las que podría tener conflictos de interés (mamá, papá, esposo, hermanos), pero no lo hizo”, criticó la congresista, acusando a la funcionaria de no cumplir con la ley.
En otra publicación, Pedraza compartió el formulario de declaración de bienes y conflictos de interés del superintendente Felipe Durán. En dicho documento, el funcionario reconoce su relación con Juliana Rodríguez y declara tener un vínculo conyugal con ella.
No obstante, la congresista fue más allá, al apuntar que este informe, aunque cumpla con lo exigido por la ley, no resuelve el problema de fondo: el uso de las instituciones públicas para beneficiar a sus allegados.
La denuncia se profundizó aún más cuando Pedraza reveló que, tres meses después de la llegada de Juliana Rodríguez a Migración Colombia, su esposo, Edgar de Jesús Bernal, fue nombrado asesor en la Superintendencia de Servicios Públicos.
Sin embargo, según la congresista, Bernal nunca presentó su propia declaración de conflicto de interés, lo que consideró una clara violación de la normativa: “La perla: Bernal Cocunubo no ha presentado su declaración de conflicto de interés en la que debe reportar su relación con Gloria Arriero, incumpliendo la ley 2013 de 2019. Es lógico que tiene mucho que esconder (sic)”.
Pedraza concluyó su serie de publicaciones con dos mensajes que dejan claro su descontento con el manejo de las entidades del Estado. En uno de ellos, criticó irónicamente el proceso de contratación: “Es decir: la Directora General de @MigracionCol nombra a su asesora y esta le paga con el nombramiento de su esposo en la @Superservicios. ¿Y el mérito? Bien, gracias. 👍👍 (sic)”.
En otro mensaje, hizo una advertencia sobre la falta de eficiencia y transparencia en las entidades públicas: “Mientras la principal preocupación de las cabezas de Migración Colombia y la SuperServicios sea acomodar a sus esposos/as, la ciudadanía no tiene garantía de que las entidades del Estado funcionen como debe ser”.
Las acusaciones de Pedraza no solo se centraron en los vínculos familiares, sino en cómo estos favores políticos afectan el funcionamiento real de las instituciones. Según la congresista, los servidores públicos involucrados no solo incumplen la ley, sino que, además, maltratan al personal de las entidades y abusan de su poder.
“No sólo hacen lo que les da la gana, funcionarios de las entidades nos dicen que maltratan al personal, se creen reyes de las entidades.❌ (sic)”, denunció.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se conoce una respuesta oficial de las autoridades competentes. Las denuncias de Pedraza solo están plasmadas en las redes sociales, mismas que generan debate.
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