Importante empresario colombiano fue condenado a 30 años de prisión por doble homicidio: era habitual de los círculos sociales

Un tribunal en Barranquilla sentenció a Darío Laíno Scopetta, reconocido empresario y propietario de una blindadora de vehículos, a 30 años de prisión.

La decisión lo señala como autor mediato de un doble homicidio ocurrido hace 25 años, de el abogado Neftalí Romero y su escolta Adalberto Santamaría, abriendo la posibilidad de nuevas investigaciones sobre su presunta responsabilidad en otros asesinatos vinculados a grupos paramilitares, tal como se consigno en el documento firmado por le magistrado Jorge Elicecer Cabrera Jiménez.

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La orden fue dictada el 27 de febrero de 2026 y, además de la condena, el Tribunal libró orden de captura y excluyó al acusado del beneficio de detención domiciliaria, según informó el medio Caracol Radio.

Laíno Scopetta, también conocido como “Ojos Azules”, JM o M1, había sido absuelto en primera instancia bajo el argumento de que solo existían pruebas que lo vinculaban con el financiamiento de estructuras paramilitares, pero no como líder operativo de dichas organizaciones. La sentencia de segunda instancia contradijo este fallo, al establecer que el empresario no solo aportaba recursos económicos, sino que cumplía funciones de jefe y ordenaba asesinatos específicos dentro del grupo armado.

Las investigaciones determinaron que buena parte de la fortuna de Laíno Scopetta procedía de su colaboración como operador financiero de Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40. Además, Salvatore Mancuso declaró ante las autoridades que viajó junto con Laíno Scopetta y Jorge 40 a Estados Unidos para adquirir armas en el mercado negro destinadas a equipar a los paramilitares.

De acuerdo con la información recopilda por Caracol Radio, el 12 de mayo de 2001, el abogado Neftalí Romero, entonces de 39 años y reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista, fue asesinado junto a su escolta Adalberto Santamaría. Romero, que denunciaba violaciones a los derechos humanos y contaba con protección oficial y un vehículo asignado por el gobierno, fue interceptado mientras iba con su escolta a recoger su auto averiado. Ambos fueron acribillados por dos hombres en motocicleta.

La declaración del sicario Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, resultó determinante para el nuevo fallo: “El verdadero comandante de nosotros es Ladino Escopeta alias JM o ”M1″. Él era el propio comandante del frente José Pablo Díaz, por petición de él fue que vino la muerte del señor Neftalí”. Montería también denunció presiones para que no mencionara al empresario en sus declaraciones ante la justicia.

Otras voces dentro del grupo indicaron que Laíno Scopetta no solo financiaba las operaciones paramilitares, sino que también decidía quién debía ser asesinado en determinadas ocasiones.

El Tribunal advirtió que esta sentencia podría conducir a nuevas investigaciones contra Laíno Scopetta por su posible implicación en más asesinatos, entre ellos el del profesor Gustavo Alexis Silvestri Saade, quien era miembro de la junta directiva de Coolechera. Silvestri Saade fue asesinado después de oponerse a la toma de control de la compañía por parte de paramilitares, según el medio mencionado anteriormente.

Laíno Scopetta, dueño de haciendas como Patio Largo y La España, así como socio principal de Agro Inversiones Laíno y de la compañía Blinco en Barranquilla, mantiene el derecho a una impugnación especial por haber sido absuelto en primera instancia, proceso conocido como doble conformidad.

La decisión del tribunal representa un giro relevante en la lucha judicial contra la infiltración de estructuras paramilitares en sectores empresariales y políticos del Caribe colombiano, y deja abierto el camino a eventuales procesos penales adicionales que podrían involucrar a otros actores y hechos relacionados.