La imputación de cargos contra Juliana Guerrero por la presunta falsificación de títulos universitarios fue aplazada luego de que la joven no se presentara a la audiencia que estaba prevista inicialmente para comienzos de febrero.
El proceso quedó reprogramado para el próximo 10 de marzo, fecha en la que deberá comparecer ante un juez para responder por los delitos que le atribuye la Fiscalía.
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La diligencia judicial hace parte de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que señala a Guerrero de haber presentado documentación académica presuntamente irregular con el fin de sustentar su postulación al cargo de viceministra de Juventudes.
Según el ente acusador, los hechos podrían configurar los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, conductas que contemplan penas de prisión de hasta 144 meses e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
La audiencia, que también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, se llevará a cabo en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Allí la Fiscalía presentará los elementos materiales probatorios recopilados durante varios meses de indagación.
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La controversia se originó luego de que la Fundación Universitaria San José decidiera anular, en noviembre de 2025, el título de Contaduría Pública que había otorgado a Guerrero en julio del mismo año.
El Consejo Directivo de la institución informó que, tras un procedimiento disciplinario interno, se concluyó que la entonces estudiante no asistió a clases ni presentó evaluaciones dentro del programa académico.
De acuerdo con los hallazgos institucionales, no existía registro de actividad académica en ninguna de las etapas del programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública. La universidad indicó que, ante las inconsistencias detectadas, optó por revocar el diploma y trasladar la información a las autoridades competentes para que determinaran eventuales responsabilidades penales y disciplinarias.
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La investigación penal incluye informes técnicos que examinan la documentación presentada para el proceso de graduación. Entre los puntos que serán expuestos en la audiencia figura la presunta omisión de la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para obtener el título profesional en Colombia.
Denuncias y facturas posteriores al grado
El caso tomó relevancia pública tras una denuncia formulada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien en septiembre de 2025 alertó sobre posibles irregularidades en la obtención del título.
Meses después, en enero, presentó nuevas evidencias, entre ellas facturas electrónicas registradas ante la DIAN que mostrarían pagos por derechos de grado y matrículas efectuados después de la fecha de graduación.
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Según los documentos conocidos, se habrían realizado pagos por $1.000.000 por concepto de derechos de grado el 28 de julio de 2025 y dos matrículas adicionales al día siguiente por $2.000.264 y $4.776.300. Estos movimientos financieros son materia de análisis dentro del expediente.
Paralelamente, la institución universitaria informó que abrió investigaciones internas contra directivos y funcionarios que avalaron la expedición del diploma, con el propósito de esclarecer si existieron fallas en los controles académicos y administrativos.
Contratos bajo revisión en la UIS
El expediente de Guerrero también abarca su desempeño como contratista de la Universidad Industrial de Santander. Informes de control fiscal advierten posibles inconsistencias en la justificación de actividades desarrolladas en el marco de dos contratos suscritos en 2023 y 2024 por valores de $9.000.000 y $3.000.000, respectivamente.
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De acuerdo con los reportes tomado por Pedraza, algunos de los productos entregados se limitaron a listados de asistencia con escaso soporte documental y archivos en Excel sin evidencia gráfica suficiente que acreditara la ejecución de las labores contratadas.
La Contraloría General de la República señaló que la redacción de los contratos incluía una definición ambigua al describir a la contratista como “persona natural y/o profesional”, lo que dificultó la verificación de requisitos.
El organismo de control advirtió que, de no encontrarse documentación que respalde plenamente los pagos realizados, podría configurarse un presunto daño fiscal, situación que ampliaría el alcance de las investigaciones.
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