El decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, establece nuevas reglas para la operación del aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional, que implica una redistribución de la población afiliada entre las EPS (Entidades Promotoras de Salud) bajo criterios actualizados de habilitación territorial.
Sin embargo, para los miembros de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), esta medida genera preocupaciones sobre la continuidad y la oportunidad en la atención a los pacientes en varios territorios del país.
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De acuerdo con el pronunciamiento emitido desde la asociación, el decreto exige que las EPS solo puedan operar en los territorios donde cuenten con un porcentaje mínimo de afiliados.
En consecuencia, desde la perspectiva tomada por el gremio, dicha situación puede ocasionar tres efectos principales: el retiro de algunas EPS de municipios donde no cumplen con el requisito, la asignación de nueva población afiliada a otras EPS en municipios donde su presencia es mayor y el aumento de la concentración de usuarios en Nueva EPS, que se posiciona como el principal operador de aseguramiento en el territorio nacional.
En el comunicado, voceros de Acemi alertaron que la redistribución masiva de afiliados, en especial en el contexto de EPS bajo intervención y con fragilidad financiera y operativa, implica riesgos elevados para la atención de los pacientes.
“La fragmentación actual del aseguramiento y la heterogeneidad de sus operadores: 8 EPS bajo medida de intervención con más de 24 millones de afiliados, con críticos resultados financieros y alto grado de insatisfacción por sus usuarios, impide que la redistribución de afiliados se de en condiciones de balance operativo entre entidades que ceden población y entidades que reciben población. Esto tiene grave afectación para millones de usuarios que podrán ser trasladados de EPS donde son atendidos en la actualidad, a EPS que tienen serias dificultades, como es el caso de la Nueva EPS”, se lee textualmente en el documento.
Según cálculos considerados por el gremio, la Nueva EPS podría recibir 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que representa un incremento del 22,6%. La entidad, que no ha presentado estados financieros desde 2023, enfrenta dificultades para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud, la entrega de medicamentos y la prestación de atenciones y procedimientos, según el comunicado.
Otras EPS intervenidas también registrarían incrementos cercanos al 40% en la cantidad de usuarios, mientras que las EPS asociadas a la Acemi y que no están bajo intervención perderían más de 800.000 afiliados.
En la asociación cuestionaron que esta reforma estructural del aseguramiento se realice mediante decreto y señala que el nuevo marco normativo reproduce la finalidad del decreto 0885 de 2025, que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre de 2025, lo que consideran un desacato al fallo judicial.
Los pacientes con enfermedades huérfanas enfrentan demoras y barreras para recibir atención médica
Más de 116.000 colombianos conviven actualmente con enfermedades huérfanas y enfrentan obstáculos burocráticos constantes para acceder a diagnósticos y tratamientos, recursos que pueden ser decisivos para su supervivencia.
Aunque la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoce a estos pacientes como sujetos de especial protección estatal, la crisis actual en el sistema de salud ha traído demoras, suspensión de terapias y trámites legales exhaustivos.
Esto provocó que el 71% de los afectados perciba un deterioro considerable en la atención desde 2024, según un reporte del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas.
La magnitud de la problemática se evidencia en los datos recientes: el Ministerio de Salud registró a enero de 2026 al menos 2.273 tipos de enfermedades clasificadas como huérfanas o de baja prevalencia en Colombia, impactando a más de 116.000 personas. Entre los pacientes, el 64% son mujeres y más de 34.000 son niños y niñas. Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca concentran el mayor número de casos, de acuerdo con el ministerio.
La vía judicial se ha convertido en el recurso predominante para acceder a la atención necesaria. El 87% de los pacientes consultados indicó que tuvo que iniciar procesos legales para obtener servicios, mientras que el 62% utilizó tutelas. Solo el 21% consiguió una solución efectiva, según una encuesta de Tempo para el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas.
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