Corrupción en la Ungrd: defensa de Karen Manrique denunció pruebas inexistentes y presuntamente alteradas con inteligencia artificial

La defensa de la congresista Karen Manrique presentó una comunicación formal ante el magistrado instructor de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, en la que advierte sobre posibles irregularidades en la tramitación del caso disciplinario relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La comunicación se produce a pocas semanas de que se determine si varios implicados en el escándalo de corrupción serán llamados a juicio en el alto tribunal.

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En el documento, los abogados de Manrique solicitan a la Procuraduría General de la Nación la remoción del procurador delegado que actualmente lleva el proceso, argumentando que su actuación podría afectar el debido proceso. Según la defensa, el escrito de alegatos precalificatorios presentado por el Ministerio Público el 5 de febrero incluye “seis testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación”, que no constan en el expediente ni fueron aportados como pruebas durante el trámite disciplinario.

Los testimonios cuestionados corresponden a Carlos Ramírez, funcionario del Ministerio de Hacienda; Andrea Torres, asesora legislativa; Luis Fernando Gómez, funcionario del Congreso; Diana Rodríguez, contratista vinculada a proyectos en El Carmen de Bolívar; Jorge Martínez, funcionario técnico de la Ungrd, y Camilo Herrera, identificado como “testigo referencial”. La defensa señala que, en varios casos, no existen registros de citaciones, comparecencias o entrevistas que respalden las afirmaciones incluidas en el escrito de la Procuraduría.

“Se evidencian como sustento de su solicitud de acusación seis (6) testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación, los cuales fueron objeto de análisis probatorio por parte del delegado del ministerio público y utilizados para sustentar su solicitud de acusación. A su vez, se tergiversa el dicho de un testigo dentro de la actuación, referenciando en su valoración probatoria aseveraciones diametralmente distintas a lo dicho en diligencia de declaración”, señala la comunicación enviada por la defensa.

Testimonios y presuntas inconsistencias

La defensa detalla que algunos testimonios citados presentan inconsistencias o no corresponden a declaraciones rendidas oficialmente. En ese sentido, sostiene que:

• Carlos Ramírez no rindió nunca una declaración.
• Diana Carolina Martínez Joya no habría confirmado reuniones privadas entre Manrique y el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, señalando que nunca se encontraron solos.
• Jorge Martínez no figura en el expediente bajo ninguna calidad y no existen registros de su citación, comparecencia, entrevista, declaración jurada o informe.
• Además, los abogados indican que la redacción de algunos apartados del escrito de la Procuraduría presenta “una simetría tan artificial y predecible que sugiere fuertemente haber sido procesada, resumida o estructurada mediante un modelo de lenguaje grande (LLM)”. Según ellos, esta posible utilización de inteligencia artificial comprometería la integridad del material probatorio y la objetividad de la valoración de los testimonios.

La defensa advierte que la permanencia del actual procurador delegado podría generar vicios en el proceso y abrir la puerta a futuras nulidades, por lo que solicita que la Procuraduría revise integralmente la actuación del funcionario y, de ser procedente, designe un nuevo delegado.

Dicha decisión tendrá impacto directo sobre la credibilidad y desarrollo del proceso disciplinario en curso, que involucra a varios congresistas y funcionarios de la Ungrd, mientras que en paralelo se adelantan investigaciones en otras instancias judiciales relacionadas con los mismos hechos.

El Consejo de Estado, por ejemplo, ordenó la recolección de pruebas documentales y testimoniales dentro del estudio de una demanda que busca la pérdida de investidura de los nueve congresistas implicados en el escándalo. El magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, pidió recolectar declaraciones recientes ante diferentes autoridades de Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, ex subdirector; y María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda.

La recolección de pruebas también incluye la declaración de exministros y exviceministros, como Ricardo Bonilla (Hacienda), Luis Fernando Velasco (Interior) y Diego Guevara (Hacienda).

La demanda señala que los congresistas, entre ellos Karen Manrique, habrían incurrido en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, al utilizar sus cargos para recibir contratos y favorecimientos en proyectos de interés del Gobierno Petro. Otros senadores y representantes involucrados en el escándalo son Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez y Julián Peinado.

La decisión del Consejo de Estado podría derivar en la pérdida de investidura de los congresistas mencionados, dependiendo de la valoración de las pruebas recolectadas y de los hallazgos procesales.