Secta menonita tendrá que entregar predio en Puerto Gaitán, Meta: la Agencia Nacional de Tierras lo recuperó tras una década de litigio

La recuperación oficial del terreno “Cuba Libre” por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) terminó más de trece años de litigio en el Meta.

Funcionarios de la ANT, con apoyo de la Policía y acompañados de líderes indígenas, ingresaron al terreno tras una reciente resolución administrativa y una orden judicial que obligó a la salida de la comunidad menonita.

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La entrega provisional del terreno a los pueblos indígenas Sinuaki y Barrulia forma parte de la política de reforma agraria y busca mejorar la soberanía alimentaria en la región, según información obtenida por El Tiempo.

Durante más de una década, la disputa por “Cuba Libre” enfrentó a las autoridades y comunidades indígenas con la comunidad menonita, compuesta principalmente por extranjeros de origen mexicano, así como descendientes de suizos y alemanes.

La ANT indicó que las transferencias anteriores de la propiedad, registradas al menos desde 1968, fueron consideradas nulas porque se negociaron sin autorización estatal. Ana Jimena Bautista, directora jurídica de la ANT, declaró al medio citado que el proceso comenzó hace más de diez años y que, hasta ahora, pueden recuperar el terreno. Afirmó que es un baldío y que la adjudicación que dicen tener es irregular.

Según la agencia, el territorio está dentro de una zona de casi 60 terrenos adquiridos de manera continua por la comunidad menonita desde 2016. Este grupo, que vive aislado y mantiene tradiciones propias, implementó en “Cuba Libre” un modelo agrícola tecnificado, con 51 hectáreas dedicadas al cultivo de soja.

Sin embargo, la ANT identificó que este uso del suelo no es compatible con la vocación forestal y protectora dispuesta para la zona, que prohíbe cultivos extensivos y prioriza la conservación ambiental.

La llegada de los menonitas cambió el perfil productivo local y generó tensiones con los pobladores ancestrales. Bajo su administración, “Cuba Libre” y otros terrenos colindantes se convirtieron en grandes plantaciones agrícolas, principalmente orientadas a la producción de soya, actividad que no cumple con las regulaciones vigentes sobre el manejo de baldíos nacionales.

En su defensa, la comunidad menonita pidió a la ANT la posibilidad de establecer una reserva forestal en parte del predio para regularizar su presencia y cuidar los recursos naturales.

Sin embargo, la ANT dejó claro que no tiene competencias para autorizar este tipo de mecanismos ambientales y que su función se limita a la gestión de tierras. Reiteró que la ocupación del terreno no se ajusta a las normativas vigentes, argumentando que los menonitas no cumplen con los requisitos para acceder legalmente a tierras rurales en Colombia.

El avance decisivo en el proceso llegó a partir de una orden del Juzgado Primero Promiscuo del Meta, lograda por la Defensoría del Pueblo. Esta sentencia exigió proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Barrulia, Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia. El fallo ordenó a la comunidad menonita y a cualquier particular que no obstaculizara el acceso de los indígenas a sus territorios ancestrales.

Dicha decisión permitió que las comunidades indígenas pudieran ingresar de nuevo a “Cuba Libre”, después de años de impedimentos. Muchos de sus miembros habían permanecido fuera del terreno, alojados de manera temporal en espacios municipales y enfrentando condiciones precarias para su subsistencia.

Luego de la intervención, la ANT otorgó la posesión temporal de las 63 hectáreas recuperadas a los pueblos indígenas Sinuaki y Barrulia, mientras se avanzaba en los procesos de adjudicación y en el eventual reconocimiento oficial como resguardo mediante el Ministerio del Interior. Desde la perspectiva de la reforma agraria, esta medida busca mejorar la soberanía alimentaria y étnica del Meta, así como atender las demandas históricas de los pueblos originarios sobre sus territorios.

El organismo explicó que la restitución del baldío se alinea con las órdenes impartidas por la justicia y con la obligación de reparar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El caso resalta la tensión persistente entre las actividades agrícolas privadas y los derechos territoriales de las comunidades ancestrales, tal como describió El Tiempo.