El Gobierno reveló cuándo estarán listas cuatro nuevas cárceles que tendrá Colombia: estas son las fechas de entrega y sus avances

El Gobierno nacional dio a conocer el cronograma de entrega de cuatro nuevos establecimientos penitenciarios que se encuentran en construcción en Colombia y que buscan ampliar la infraestructura carcelaria del país.

De acuerdo con las fechas presentadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las obras entrarían en funcionamiento de manera progresiva entre diciembre de 2026 y comienzos de 2028, aunque sus niveles de ejecución presentan diferencias.

La información fue dada a conocer el miércoles 4 de noviembre durante una audiencia pública de seguimiento convocada por la Corte Constitucional para examinar el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, así como la situación de los centros de detención transitoria. La diligencia se desarrolla en las instalaciones del alto tribunal, en Bogotá, con la participación de representantes del Gobierno nacional y otras autoridades.

Durante la jornada, Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación, expuso los porcentajes de avance de cada proyecto y las fechas que actualmente se contemplan para su finalización. Según explicó, la cárcel de Riohacha es la que registra el mayor progreso, mientras que la de Barrancabermeja presenta el porcentaje de ejecución más bajo.

Estas son las fechas de entrega de las cuatro nuevas cárceles

El establecimiento penitenciario de Riohacha, en La Guajira, encabeza el listado de proyectos por su nivel de avance. De acuerdo con Buitrago, esta infraestructura tiene prevista su entrega para diciembre de 2026, por lo que sería la primera de las cuatro cárceles en estar terminada.

En segundo lugar se encuentra el proyecto de Sabana del San Ángel, en el departamento del Magdalena, que registra un avance del 87% en su ejecución. Para esta obra, el Gobierno proyecta la entrega en agosto de 2027.

Por su parte, la cárcel de Pereira presenta un porcentaje de ejecución cercano al 65%. Aunque su avance es inferior al de los proyectos de Riohacha y Sabana del San Ángel, la fecha estimada para su entrega es abril de 2027, cuatro meses antes de la prevista para el establecimiento del Magdalena.

Finalmente, el proyecto de Barrancabermeja, en Santander, registra un avance del 41%. Según el director del DNP, esta infraestructura tendría como fecha de entrega el año 2028, por lo que sería la última de las cuatro en entrar en funcionamiento.

DNP señaló posibles dificultades en la ejecución de las obras

Además de presentar el cronograma, el director del Departamento Nacional de Planeación se refirió a las dificultades identificadas durante el seguimiento a los proyectos. En particular, mencionó que la ejecución paralela de los procesos relacionados con la construcción de los establecimientos podría estar entre los factores que han incidido en los retrasos para poner en funcionamiento las nuevas infraestructuras.

Según Buitrago, ninguno de los cuatro proyectos ha llegado todavía a su finalidad, situación que el DNP ha identificado durante el seguimiento al convenio: “Desde el Departamento Nacional de Planeación, señalando la ejecución de este convenio, vemos que posiblemente se iniciaron los procesos paralelos en la construcción de estos y esto no ha permitido que se entregue ninguno a su finalidad. Esa puede ser una de las causas en materia de seguimiento que hemos visto nosotros y que hemos socializado al interior del Gobierno en esta nueva etapa del Gobierno”.

La referencia a los procesos paralelos fue planteada por el funcionario como una posible explicación de los retrasos identificados en el desarrollo de las obras. Su intervención hizo parte de la revisión de los compromisos institucionales relacionados con la infraestructura penitenciaria.

La audiencia de la Corte Constitucional que busca soluciones a la crisis carcelaria

La audiencia pública fue convocada el 19 de octubre de 2026 por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional penitenciario, carcelario y en los centros de detención transitoria. Según explicó la Corte Constitucional, el propósito de la diligencia es identificar los obstáculos que impiden superar la crisis estructural del sistema, contrastar las propuestas de solución y establecer responsabilidades y compromisos entre las instituciones.

La jornada contempla tres ejes principales: financiación, sostenibilidad fiscal y distribución de competencias; hacinamiento, infraestructura, disponibilidad de cupos y traslados; y evaluación y fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y de los sistemas de información.

La Corte también expuso las cifras de ocupación en los centros de detención transitoria, con base en información de la Policía Nacional correspondiente a agosto de 2026. Para ese momento, el país contaba con 1.144 espacios de este tipo, entre salas de detención de estaciones y subestaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI).

Estos lugares tenían capacidad para 9.686 personas, pero albergaban a 18.824, lo que representaba una sobreocupación de 9.138 personas y una tasa de hacinamiento del 94,34%. Además, 17.292 personas llevaban más de 36 horas privadas de la libertad en espacios destinados a estancias de corta duración.

En ese contexto, la entrega de nueva infraestructura penitenciaria fue uno de los asuntos examinados durante la audiencia, en la que también participaron autoridades nacionales y territoriales, organismos de control, representantes judiciales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y expertos. La diligencia busca establecer medidas articuladas para atender los problemas estructurales y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.