Así serán los problemas en el servicio de energía que se vienen para los colombianos por los nuevos impuestos del Gobierno Petro

El Decreto 0177 de 2026 del Gobierno de Gustavo Petro impuso una transferencia adicional del 2% sobre las ventas brutas de energía a generadoras hidroeléctricas y térmicas en ocho departamentos colombianos, durante seis meses. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) rechazó la medida al resaltar que eleva la carga ambiental del 6% al 8% para las hidroeléctricas y del 4% al 6% para las térmicas, lo que según la organización pone en riesgo la estabilidad del sector eléctrico, incrementa la incertidumbre regulatoria y dificulta la inversión y la confiabilidad del sistema, con impacto directo en el costo de vida.

Al respecto, el gremio que preside Natalia Gutiérrez reconoció la necesidad de proteger los ecosistemas estratégicos ante la crisis climática, pero cuestionó la legalidad y pertinencia de la norma. Sostuvo que “las medidas adoptadas no cumplen plenamente los estándares constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad que rigen los estados de excepción”.

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La transferencia adicional establecida por el Gobierno nacional se suma a las que ya asumían las generadoras, lo que modifica la estructura financiera de estas compañías durante el periodo que dure la emergencia. Mientras las hidroeléctricas y térmicas estaban sujetas al 6% y al 4% de transferencia ambiental respectivamente, ahora deberán aportar 2 puntos porcentuales (pp) más de los ingresos brutos de manera temporal.

Recalcó la Asociación que se trata de “un cobro sobre ingresos brutos -no sobre utilidades-, que se aplica independientemente de la rentabilidad de las compañías y puede representar, a nivel sectorial, afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que termina por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.

Advirtió que la transferencia se exigirá sin distinción de rentabilidad, por lo que afectará aún más a empresas con escasos márgenes o resultados negativos. Dicha presión financiera, agregó, pone en riesgo la operatividad y el desarrollo de proyectos en curso.

Nuevas transferencias y afectaciones a empresas generadoras

El recargo adicional del 2% se cobrará sobre los ingresos brutos de las generadoras, lo que lo diferencia de los impuestos aplicados a utilidades. La distinción es clave para comprender la magnitud del impacto.

Acolgen alertó que la medida “puede representar, a nivel sectorial, afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros”. Considera que el aumento de la carga fiscal podría reflejarse con rapidez en la capacidad de las empresas para cubrir sus compromisos y mantener la solvencia.

La organización insistió en el riesgo de que el “impacto termine por reflejarse en el costo de vida de todos los colombianos”. El momento en el que se aplica la sobrecarga coincide, además, con la necesidad de asegurar reservas para enfrentar eventos como el fenómeno de El Niño a finales del año.

Medidas para el sector eléctrico

El decreto faculta a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para “modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos con alertas del Ideam, incluso, con prevalencia sobre compromisos contractuales”.

Acolgen manifestó preocupación frente a la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria que podrían verse comprometidas. La organización también advirtió con preocupación que “decisiones que introducen incertidumbre regulatoria pueden afectar la inversión y, en consecuencia, la seguridad energética que Colombia requiere”.

La posibilidad de modificar las condiciones técnicas y contractuales de proyectos ya licenciados aumenta la incertidumbre sobre nuevas inversiones y afecta la confianza legítima de los agentes en el mercado.

Razones del rechazo y argumentos jurídicos

La postura del gremio responde a la ausencia de justificativos técnicos y financieros sólidos para imponer la transferencia adicional. “No se acredita de manera suficiente la necesidad de imponer una carga extraordinaria al sector eléctrico cuando existen mecanismos presupuestales ordinarios para atender la emergencia”, puntualizó

La Asociación puso en duda la definición del monto a recaudar. Explicó que “no se justifica técnicamente por qué el porcentaje fijado es del 2% ni cuál es el costo real que se pretende cubrir”. Señaló además que “se configura una exacción sobre ingresos brutos que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva”. Lamentó que “se habilita la modificación transitoria de instrumentos ambientales con efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por el artículo 215 de la Constitución”.

Dentro de las preocupaciones jurídicas, se incluyen la correspondencia de la medida con los parámetros de los estados de excepción y la proporcionalidad entre la carga y los daños buscados cubrir.

Lista de medidas

Las afectaciones y preocupaciones señaladas por Acolgen ante el Decreto 0177 son:

• Afectan la seguridad energética de los usuarios, al desconocer los compromisos de energía firme de los embalses y poner en riesgo la confiabilidad del sistema en el mediano plazo, especialmente ante un posible fenómeno de El Niño hacia finales de año.
• Pueden comprometer la cobertura de la energía contratada con generación propia, afectando la confianza de los agentes y generando presiones al alza en los precios de los contratos futuros.
• Impactan de forma inmediata el flujo de caja de empresas intensivas en capital.
• Introducen incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.
• Genera asimetrías competitivas en el mercado al castigar unas tecnologías sobre otras.
• Podrían incidir en la estructura de costos del sistema en un contexto de estrechez hídrica y afectar a los usuarios.
• Permiten modificar condiciones técnicas y contractuales de proyectos licenciados, afectando la confianza legítima y seguridad energética.

Perspectiva sectorial y llamado al diálogo técnico

En su evaluación global, Acolgen afirmó que “el sector eléctrico ha sido clave para garantizar la confiabilidad del sistema y el desarrollo del país y las presas han funcionado como un regulador de caudales previniendo desastres mayores”.

Advirtió sobre el riesgo de que disposiciones transitorias generen un efecto disuasorio permanente sobre la inversión. Recalcó que “decisiones que introducen incertidumbre regulatoria pueden afectar la inversión y, en consecuencia, la seguridad energética que Colombia requiere”.

Asimismo, expresó su voluntad de colaborar en lo institucional. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo técnico para encontrar soluciones eficaces que protejan el ambiente sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico ni la confianza inversionista”, anotó.

Impacto en el sector asegurador

El impuesto también preocupa al sector asegurador. El presidente de la la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), Gustavo Morales, se refirió a la sobrecarga fiscal generada con la emergencia. “Esta sucesión de impuestos a un sector específico, que aporta enormemente al desarrollo económico y social del país, es absolutamente injustificada y obedece a un criterio simplista y antitécnico, y es considerar que todo el sector financiero debe ser tratado de la misma manera”.

Resaltó que el sector atiende las reclamaciones de sus asegurados en ramos como vida, salud, seguro agropecuario, seguros de propiedad y demás y sostuvo que la nueva carga tributaria es injusta respecto a su aporte.

Destacó que “nuestros rendimientos, nuestras utilidades, nuestro patrimonio, es de unas dimensiones muy distintas al de otros subsectores del sistema financiero y, por lo tanto, su tratamiento también debe ser igualmente diferenciado”.