
El Gobierno Petro reveló borrador de decreto que exige a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir los recursos acumulados en las cuentas individuales de quienes cambiaron de régimen bajo el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, lo que aumenta la preocupación sobre el uso futuro de cerca de $25 billones.
El documento plantea que las AFP deben girar “la totalidad de los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual” —incluyendo capital y rendimientos— de los afiliados trasladados en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la expedición del decreto.
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Esta disposición contrasta con lo estipulado por la Ley 2381, que prevé que dichos fondos continúen en las AFP hasta la consolidación de la pensión de vejez y solo después sean transferidos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, administrado por el Banco de la República.
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El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, sostuvo que “se trata de un proyecto de decreto para liquidar el ahorro de trabajadores colombianos que se trasladaron a Colpensiones por 25 billones”. López subrayó que la resolución propuesta “contradice lo dispuesto en la Ley 2381” y preocupó sobre la posibilidad de que el gobierno destine esos recursos al gasto corriente.
López alertó, además, sobre las consecuencias macroeconómicas: una parte relevante de esos fondos se encuentra invertida en títulos de deuda pública (TES), por lo que una liquidación masiva podría generar “presiones al alza en las tasas de interés de corto plazo”.
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En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para expresar su postura sobre la preocupación de los fondos privados pensionales. En ese sentido, señaló que no entiende por qué no apoyan el articulado de la reforma pensional que está siendo discutido en la Corte Constitucional.
“Sí los fondos privados pensionales están preocupados por el retiro masivo de los cotizantes de los fondos privados ¿por qué no ha apoyado el que la Corte Constitucional apruebe la reforma pensional que se discutió en el congreso y se hizo ley sin aplicación, por voluntad del magistrado Ibáñez? (sic)”, escribió en su cuenta de X.
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Petro insiste en que “la reforma pensional que propuso el gobierno corrige la posibilidad de quiebra de los fondos privados”.

En otro mensaje señaló que “los traslados de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se vienen realizando desde antes de este gobierno, son decenas de miles de personas y lo hacen porque en Colpensiones adquieren mejores condiciones de pensión que en el fondo privado, que en realidad no pensiona s la mayoría de las y los cotizantes (sic)”.
A la par, expuso que “la ley que fue retenida por Ibáñez, precisamente buscando que no compitan los dos regímenes, de cuenta individual y de prima media, sino que se complementen en la formación de pilares, pero aún no se puede aplicar (sic)”, advirtiendo que “la consecuencia en el tiempo de no aplicar la ley aprobada por el Congreso es que los fondos privados quebrarán por sí mismo”.
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El jefe de Estado agregó que, mientras la reforma permanezca suspendida, continúa vigente la competencia entre regímenes establecida en la Ley 100 de 1993; y sostuvo que los trabajadores que se pensionen en Colpensiones y tengan ahorro acumulado en fondos privados deben reclamar esos recursos, “como parte de la financiación de su pensión en Colpensiones. Es su derecho”.
Y reiteró su posición sobre la situación financiera de las entidades del sistema. “Dije desde el principio de mi gobierno que los datos más suaves en los fondos privados y escandalosos en las EPS privadas ameritaban las reformas del sistema pensional y de salud dado que tanto EPS, primero y luego fondos privados de pensiones quebrarán”.
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