En plena recta final hacia las elecciones, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de la red social X que el 8 de marzo no participará en las consultas presidenciales, y que “solo pediré el tarjetón del Congreso”.
El jefe de Estado vinculó su decisión a profundas preocupaciones relacionadas con el proceso electoral: “Solo el hecho de la exclusión arbitraria de precandidatos a la consultas constituye un fraude electoral ya realizado”.
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La argumentación de Petro no se detiene en la denuncia de exclusión. El mandatario recordó que aún “no se ha atendido mi solicitud del examen técnico por auditores expertos, del software de preconteo”, señalando que el sistema, bajo control de Thomas and Greg and Sons, concentra “el 93 % del conteo final”.
El mandatario advirtió sobre la relevancia de este punto, al denunciar que dicha compañía—ligada a “los hermanos Bautista”—está maniobrando en tribunales para “recuperar el contrato de pasaportes y anular el que ya se ejecutó con el fin de mantener su control sobre la base de datos de la documentación de los colombianos”.
Para el presidente, “esa operación en medio de elecciones es supremamente oscura y muestra posibles transacciones políticas y económicas usando medios judiciales“.
En su declaración, Petro recalcó la falta de garantías en el proceso desde el propio Consejo electoral: “Impidieron torvamente en el Consejo electoral el derecho a elegir y ser elegido”, acusó.
Además, subrayó la importancia de la supervisión independiente: “Si no se asegura la auditoría técnica externa real del software e independiente a la registraduría, se confirma un desacato al fallo del año 2018/causa fraude contra el partido Mira de la sala plena del consejo de estado que ordenó un software de escrutinio ‘del estado y desde el estado’”.
El mandatario concluyó con referencia a informes presentados por veedores: “Aquí expongo un análisis hecho por veedores ciudadanos y de presidencia sobre las fallas reales del sistema de cómputo privado en la registraduría”.
Analisis de veedores ciudadnos y de presidencia
El texto analiza el procesamiento digital de votos en Colombia, señalando que el sistema actual dificulta la auditoría y el acceso a la justicia electoral. El preconteo digital, realizado mediante software costoso, carece de mecanismos que aseguren que los votos físicos coincidan con los resultados digitales. Más del 90% de los datos del preconteo se validan sin revisión, y solo una fracción mínima de las actas se audita manualmente. “Solo entre un 2% y un 3% de las actas E-14 son revisadas en las comisiones escrutadoras”, según el documento.
Las auditorías simuladas emplean datos controlados por los desarrolladores del algoritmo, sin permitir la intervención de terceros ni el uso de datos independientes. “Las sesiones mal llamadas simulaciones solo utilizan datos controlados por los mismos creadores del algoritmo”, advierte el análisis.
Además, se obliga a los auditores a firmar contratos de confidencialidad, lo que restringe la divulgación de posibles fallas técnicas.
El informe sostiene que primero se generan los resultados digitales y luego los datos físicos, sin que exista una cadena de custodia efectiva ni posibilidad de auditorías forenses robustas. La falta de metadatos en los PDF de las actas E-14 y el uso de archivos planos impiden la trazabilidad y aumentan el riesgo de manipulación. El análisis observa patrones matemáticos poco probables en los resultados digitales, lo que se interpreta como señal de intervención algorítmica: “el promedio de votos por mesa crece de manera continua boletín a boletín”.
Como respuesta, el texto propone publicar las actas E-14 con metadatos, permitir auditorías con datos independientes, y prohibir el uso del software si no demuestra fidelidad en la suma de votos. Reclama también liberar a los auditores de la confidencialidad y realizar auditorías forenses detalladas, con reconteo manual obligatorio ante anomalías. El objetivo es garantizar la trazabilidad, el acceso público y el control sobre los resultados electorales, advirtiendo que la falta de transparencia deja el sistema abierto a distorsiones sin posibilidad de revisión judicial o técnica.
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