Estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá convocaron a paro académico como protesta por el regreso de Ismael Peña a la rectoría

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, inició un paro académico que se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, como protesta por la restitución de José Ismael Peña Reyes en la rectoría.

La medida fue adoptada por la Asamblea Triestamentaria, que reúne a estudiantes, docentes y personal administrativo, y responde a un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, que obligó a la universidad a restituir al académico en el cargo.

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La comunidad universitaria considera que esta decisión judicial es producto de presiones políticas asociadas a sectores de la derecha uribista, y que vulnera la autonomía universitaria y la voluntad democrática expresada en consultas estamentarias.

Según el comunicado oficial de la asamblea, difundido a la comunidad y a la opinión pública nacional, la rectoría de Peña carece de legitimidad y ha sido ampliamente rechazada por los distintos estamentos universitarios. La asamblea declaró que la imposición del rector responde a intereses políticos y exigió su renuncia inmediata.

Además, resolvió desconocer la autoridad de Peña y convocó la creación de una Mesa Constituyente Universitaria, encargada de recoger propuestas de la comunidad, redactar nuevos lineamientos de gobierno participativo y presentar el articulado al Consejo Superior Universitario (CSU).

El comunicado también denunció problemas estructurales dentro de la institución, incluyendo la falta de edificio propio para la Facultad de Farmacia y la situación crítica de la sede de Tumaco, responsabilizando directamente a Peña y a su círculo cercano, incluida la exrectora Dolly Montoya.

Asimismo, la asamblea solicitó la liquidación de Rotor y de cualquier corporación privada que, bajo el nombre de la universidad, desvíe recursos públicos.

Durante el paro, la Asamblea Triestamentaria exigió que el CSU garantice el derecho a la protesta, suspenda las clases virtuales y el trabajo remoto, y se abstenga de tomar medidas disciplinarias que afecten a quienes participen en la movilización.

También rechazó los señalamientos hechos por un representante estudiantil en contra del profesor Francisco Toloza, por considerarlos temerarios y peligrosos para su integridad.

El comunicado concluye con un llamado enfático: “Contra la imposición de las cortes uribistas de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, ¡viva el paro!”, y ratifica el poder de la Mesa Constituyente como órgano rector del proceso de reforma institucional.

El Consejo Superior acata el fallo judicial

El CSU, máximo órgano de gobierno de la universidad, realizó una sesión extraordinaria para cumplir la orden judicial que restituyó a Peña, finalizando la rectoría encargada de Andrés Felipe Mora, quien había asumido el cargo desde noviembre de 2025.

El tribunal otorgó 48 horas para ejecutar la medida, plazo que venció el 19 de febrero de 2026. Aunque varios consejeros, incluido el viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno Patiño, expresaron su desacuerdo con la resolución, confirmaron que acatarían el fallo.

El conflicto se originó en la consulta estamentaria previa a la elección de rector, en la que Leopoldo Múnera obtuvo la mayoría de votos. Sin embargo, la consulta tiene carácter no vinculante, y el CSU decidió designar a Peña, decisión que generó rechazo y judicialización.

Fallo judicial y límites de la autonomía universitaria

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá consideró que el CSU interpretó de manera inadecuada la sentencia previa sobre nulidad electoral y precisó que la autonomía universitaria no permite desconocer actos administrativos vigentes.

La magistrada Luz Marina Ibáñez aclaró que el fallo no restauraba derechos derivados de la elección, sino que ordenaba cumplir un acto administrativo vigente.

Demandas de la comunidad y contexto del paro

La asamblea exigió protección del derecho a la protesta y la suspensión de represalias académicas, enfatizando la necesidad de participación democrática en la definición de las nuevas reglas de gobierno.

La medida refleja la tensión entre autonomía, legalidad y legitimidad en la universidad y marca un momento clave para definir los mecanismos de elección de autoridades y la estructura democrática institucional.