El acceso a medicamentos oncológicos en Colombia pone en riesgo la vida de niños con cáncer: Defensoría hizo urgente llamado

Aplazar un medicamento en un tratamiento oncológico pediátrico no es un simple trámite administrativo. Puede significar que un niño retroceda lo que había avanzado durante meses de quimioterapia. En Colombia, esa posibilidad dejó de ser excepcional, hoy hace parte de la realidad de cientos de familias.

Una encuesta aplicada en 2025 por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (Oici) a 244 padres reveló que el 39% de los niños con cáncer enfrenta dificultades para acceder a sus medicamentos. La cifra encendió las alarmas sobre el efecto que la crisis del sistema de salud está teniendo en los pacientes más vulnerables.

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El problema no se limita a trámites demorados. Según explicó Yolima Méndez, integrante del comité directivo del observatorio, la barrera principal es clara y reiterada. “Nos llamó la atención que el principal problema, al igual que en otras patologías, está siendo el acceso a medicamentos”, señaló en entrevista con Blu Radio.

Las familias también reportaron retrasos en citas con especialistas y demoras en autorizaciones. Sin embargo, la mayor preocupación gira alrededor de fármacos como la mercaptopurina y el metotrexato, esenciales en fases ambulatorias y de mantenimiento. Estos medicamentos no son accesorios puesto que, permiten sostener la respuesta lograda en etapas previas del tratamiento. Interrumpirlos puede abrir la puerta a una recaída.

El cáncer infantil, recordó Méndez, es una urgencia médica por su rápida progresión. Cada día cuenta. “Los niños con cáncer tienen altas probabilidades de sobrevivir siempre que puedan recibir de manera oportuna, integral e integrada su tratamiento”, indicó. Cuando esa cadena se rompe, el riesgo no solo es clínico, también es vital.

De hecho, el Oici ya tiene conocimiento de casos de recaídas asociadas a interrupciones en los tratamientos. En patologías como la leucemia aguda, la más frecuente en la población pediátrica, la primera línea terapéutica es decisiva. Si el menor recae, las opciones se vuelven más agresivas, más costosas y con menores probabilidades de éxito.

A la incertidumbre médica se suma la presión económica. El 29% de las familias encuestadas aseguró que sus gastos de bolsillo aumentaron en el último año. El promedio supera los 700.000 pesos, aunque en algunos hogares la cifra llega hasta cinco millones. No es un dato menor si se tiene en cuenta que más del 70% pertenece a estratos 1 y 2.

El panorama, según Méndez, cambió frente a años anteriores, cuando se percibía una mayor protección para esta población. El deterioro, afirmó, se hizo más evidente recientemente. Por eso, el observatorio hizo un llamado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen el cumplimiento del derecho a la salud y a la vida de los menores.

Frente a la situación, la Defensoría del Pueblo advirtió que la vida de los niños y niñas con cáncer no puede quedar atrapada en trámites ni demoras administrativas y respaldó la alerta del Oici y sobre las barreras en el acceso a medicamentos y los retrasos en diagnóstico y tratamiento. La entidad hizo un llamado directo al Ministerio de Salud y al Invima para priorizar 56 fármacos pediátricos e insistió en la necesidad de incluir indicaciones oncológicas infantiles en medicamentos esenciales de bajo costo, garantizando su disponibilidad cuando no exista interés del mercado.

El temor es que las consecuencias no se vean de inmediato, sino en el mediano plazo. Si las barreras persisten, advirtió el observatorio, en uno o dos años podrían aumentar las recaídas y la mortalidad. Sería un retroceso doloroso frente a los avances logrados en supervivencia infantil contra el cáncer. Mientras tanto, para cientos de familias la lucha no es solo contra la enfermedad, sino contra el tiempo y el papeleo interminable y desgastante. Y en el cáncer infantil, cada demora pesa.

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