Simón Molina, aspirante a la Cámara de Representantes por el movimiento Creemos vinculado al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal señalando concierto para delinquir agravado contra Roy Barreras, candidato presidencial, y Armando Benedetti, ministro del Interior, a quienes acusa de orquestar una presunta estrategia ilegal para acceder a la Presidencia en 2022.
El candidato aseguró haber presentado pruebas sustentadas en un documento que, según mencionó, describe la articulación de varios actores en una supuesta maniobra para influir en el resultado electoral.
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El denunciante afirmó: “Acabo de salir de la Fiscalía General de la Nación de interponer una denuncia penal por concierto para delinquir agravado en contra de Roy Barreras y Armando Benedetti del círculo cercano del presidente Gustavo Petro por la estrategia que tuvieron de coordinación y articulación para llegar de manera ilegítima e ilegal al poder”.
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El político indicó que la denuncia surge tras recopilar información sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso electoral presidencial de 2022.
El aspirante también anticipó que presentará una denuncia adicional contra el presidente Gustavo Petro ante las instancias competentes por el mismo delito.
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En sus palabras, “en los próximos días estaremos yendo también a las instancias competentes para denunciar al presidente de la República Gustavo Petro por este mismo delito porque también él por supuesto hizo parte fundamental de ese entramado criminal con el que pudieron acceder al poder”.
El candidato subrayó que, según su versión, la estrategia ilegal no solo se habría limitado a las elecciones pasadas, sino que seguiría activa con la intención de incidir en futuros comicios.
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El documento entregado a la Fiscalía General de la Nación detalla presuntas irregularidades relacionadas con la financiación no autorizada de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el incumplimiento de los topes legales de gasto, y el uso de estrategias digitales coordinadas para influir en la opinión pública.
El aspirante afirmó: “Lo primero, hablamos por supuesto de la financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro, de la violación de topes de campaña, de estrategias articuladas desde medios de comunicación digitales y desde estrategias en redes sociales en contra de los candidatos especialmente de Federico Gutiérrez para desprestigiarlo en las elecciones”.
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El denunciante también sostuvo que existen indicios de acuerdos con organizaciones criminales, a cambio de votos y beneficios posteriores, elementos que, según él, están incluidos en un libro que acompaña la denuncia penal.
El texto, será remitido a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones, y posteriormente estará disponible para consulta pública.
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Al anunciar la acción judicial, el aspirante advirtió: “Siguen articulados de la misma manera y piensan volver a ganar las elecciones en Colombia utilizando trampas, fraudes y mecanismos ilegales para poder ganar las elecciones”.
La denuncia, según el candidato, busca poner en conocimiento de los entes de control las supuestas maniobras y abrir el debate sobre la transparencia en los procesos electorales recientes y futuros en Colombia.
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Estos fueron los topes electorales que violó la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022
El 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña presidencial Petro Presidente 2022-2026 por exceder los topes legales en ambas vueltas de los comicios.
La medida, adoptada tras una rápida sala plena con la intervención de dos conjueces, representa un precedente para el control de la financiación política en el país.
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Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, encargados de la investigación, documentaron un sobrepaso de $5.300.000.000. De esa suma, $3.700.000.000 corresponden a la primera vuelta y no se reflejaron en los informes entregados oficialmente, mientras que $1.600.000.000 adicionales provienen de gastos omitidos en la segunda vuelta.
Esta resolución refuerza la vigilancia sobre los recursos empleados en campañas electorales y subraya la importancia de cumplir con las reglas establecidas para la transparencia y la equidad en los procesos democráticos.
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