El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) inició la vinculación directa de madres comunitarias y sustitutas a su planta de personal, en cumplimiento de la Ley 2466 de 2025. La meta del Gobierno es formalizar entre 40.000 y 60.000 mujeres en todo el país antes de 2029.
En febrero de 2026 fueron incorporadas las primeras 2.300 trabajadoras, que dejaron atrás el esquema de tercerización a través de operadores. Desde ahora, su jefe inmediato será el coordinador o coordinadora del respectivo centro zonal, y su vínculo será directamente con la entidad.
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No se trata de cargos nuevos creados de la nada, sino de un proceso de formalización laboral. Durante más de 40 años, decenas de miles de madres comunitarias trabajaron en los llamados Hogares Comunitarios —muchos de ellos en sus propias casas— bajo esquemas precarios, con pagos que en ocasiones no alcanzaban el salario mínimo y sin garantías plenas en salud o pensión.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aprobada por el Congreso estableció la obligación de vincular laboralmente a madres comunitarias, trabajadoras de hogares infantiles en modalidad institucional y madres sustitutas.
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, destacó la dimensión de este cambio. “Por primera vez en la historia, ahora son servidoras públicas del Bienestar Familiar”, afirmó en declaraciones citadas por Red+ Noticias. Para muchas de estas mujeres, que durante décadas cuidaron, alimentaron y educaron a niños en condiciones vulnerables, se trata del reconocimiento formal de una labor que siempre fue esencial para el Estado.
Según el Ministerio de Trabajo, el proceso deberá culminar a más tardar en 2029, aunque la ley permite que se adelante si existe disponibilidad presupuestal. El ministro Antonio Sanguino explicó que la transformación será progresiva y no se dará de un solo golpe.
“Debe terminar en el año 2029 con la formalización de entre 40.000 y 60.000 madres comunitarias y madres sustitutas en todo el territorio nacional”, aseguró el ministro. La cifra máxima dependerá de los recursos asignados en los próximos años.
La directora Cáceres contó que en enero se adelantó un proceso de socialización en distintas regiones para explicar los cambios. Sin embargo, no fue sencillo. “Les dijeron que era mentira. Les dijeron que era un engaño. Tuvimos que enviar directivos a todas las regionales al mismo tiempo para buscarlas y convencerlas. Las madres comunitarias durante siglos fueron manipuladas por esos escenarios politiqueros; por eso querían convencerlas de que no era cierto”, manifestó la directora.
¿Qué cambia en la práctica para ellas? A partir de su vinculación, recibirán un salario mínimo mensual legal vigente, además de prestaciones sociales como primas, cesantías, vacaciones, afiliación a la salud, los aportes a pensión y cobertura en riesgos laborales. También tendrán estabilidad laboral al contar con un contrato directo con el Estado, sin intermediarios.
La selección no se hará mediante concurso público, aclaró la entidad, sino con base en la experiencia y trayectoria de quienes ya venían desempeñando estas funciones. Es decir, el proceso está dirigido a formalizar a quienes históricamente han sostenido el sistema de atención a la primera infancia.
Aunque el anuncio ha generado expectativa por la cifra de “60.000 contrataciones”, la realidad es que se trata de un proceso gradual. Por ahora, el primer grupo de 2.300 mujeres marca el inicio de una transformación que podría cambiar la vida laboral de miles de cuidadoras en todo el país.
Para muchas de ellas, el paso a la formalidad no solo significa un salario fijo, sino la posibilidad real de cotizar para su pensión y tener garantías en salud después de años de trabajo silencioso. Colombia ya llevaba muchos años tratando de reconocer de mejor manera el trabajo de las madres comunitarias y hasta ahora la Reforma Laboral introdujo esa posibilidad.
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