Encapuchados atacaron sede del Centro Democrático durante las marchas en favor del aumento del salario mínimo: un vigilante resultó herido

Un grupo de encapuchados atacó la sede de campaña del Centro Democrático en Neiva, Huila, durante una marcha en favor del aumento del salario mínimo en 2026, un episodio que profundizó la tensión política y motivó investigaciones de las autoridades para identificar a los responsables.

El ataque ocurrió el jueves 19 de febrero, en paralelo a la movilización en respaldo al salario mínimo vital, convocada por el gobierno de Gustavo Petro y respaldada por distintos sectores sociales y sindicales.

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Los manifestantes destruyeron vallas publicitarias, pintaron grafitis en la fachada del inmueble y agredieron físicamente al vigilante, que resultó con una lesión en el rostro.

El episodio, ocurrido en el centro de la ciudad, a pocos metros de la Alcaldía de Neiva, generó alarma entre comerciantes y testigos que presenciaron cómo la protesta social derivó, por minutos, en un hecho de violencia política.

Tras los incidentes, dirigentes del Centro Democrático denunciaron agresiones y amenazas, exigiendo garantías para el ejercicio de la oposición y la actividad electoral en el departamento del Huila.

Según imágenes difundidas por Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, los encapuchados atacaron la llamada Casa Uribista y provocaron destrozos materiales significativos, confirmados luego por la Policía Metropolitana.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, indicó que “durante el recorrido se presentaron alteraciones del orden público. Al paso por esta vía principal, se efectuaron daños a la fachada. Tenemos el reporte de un vigilante con una laceración en el rostro”. El funcionario explicó que se activaron los protocolos para recolectar pruebas, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y el testimonio de víctimas y testigos.

Felipe Trujillo, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en el Huila, calificó lo ocurrido como un ataque directo a su partido dentro de un ambiente de creciente polarización. Sostuvo que el episodio “se tradujo en hechos violentos acá en la ciudad de Neiva. Pueden notar que fuimos objeto de vandalismo, de agresiones, de palabras y de hechos que atentaron no solo contra la propiedad privada sino contra algunas personas”, dijo a El Diario del Huila.

En su declaración subrayó que estos hechos “no deben normalizarse en un contexto democrático” y alertó que “hoy fuimos nosotros; mañana puede ser otro o cualquiera de ustedes”.

Tatiana Méndez, también candidata a la Cámara por el Centro Democrático en el Huila, reclamó garantías al Gobierno nacional, argumentando que la violencia política amenaza el ejercicio democrático.

“Le pido garantías al Gobierno de Gustavo Petro para poder ejercer el derecho a hacer política. Aquí la democracia se nos va a perder si seguimos permitiendo estos actos de violencia”, expresó al medio citado.

La candidata recordó que ya había reportado amenazas y actos vandálicos anteriores a la Fiscalía, sin que a su juicio se evidencien avances en las investigaciones.

“Ya denuncié ante la Fiscalía porque no es la primera vez que nos hacen un hecho vandálico. Van muchos hechos y amenazas por redes sociales que hemos denunciado, pero no vemos avances”.

La dirigencia del Centro Democrático manifestó su rechazo a través de sus canales nacionales. En redes sociales, el partido expresó: “Rechazamos con absoluta contundencia los graves destrozos causados por vándalos en nuestra sede de Neiva. La democracia no se construye destruyendo ni intimidando; se fortalece con respeto, ideas y debate”.

La colectividad exigió al Estado “acciones inmediatas y garantías reales para ejercer la actividad política en todo el país. Este tipo de ataques no pueden normalizarse ni quedar en la impunidad”.

Los hechos ocurrieron en el contexto de una movilización nacional tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo fijado por el Gobierno en 23,7%. El objetivo de la marcha era expresar respaldo a esa medida salarial y presionar ante las instancias judiciales.

En otras ciudades como Bogotá, las manifestaciones se desarrollaron hacia la Plaza de Bolívar, en la que el presidente Petro anunció la expedición del nuevo decreto sobre el salario mínimo e insistió en mantener el incremento en 23,7%.

La Policía Metropolitana de Neiva anunció que continúa recolectando pruebas para identificar a los autores materiales del ataque, con especial atención a los registros de video públicos y privados del sector.

Mientras, las autoridades permanecen en la zona y han implementado controles en el centro de la ciudad para evitar que episodios similares escalen el nivel de confrontación.

Este incidente reabrió el debate nacional sobre los límites de la protesta social y las medidas institucionales necesarias para garantizar el pluralismo político frente a contextos de polarización. La Constitución reconoce el derecho a la manifestación, pero obliga al Estado a preservar el orden y proteger bienes y personas.

Según testigos y comerciantes, el ataque generó angustia y temor en el área, caracterizada por su tránsito y actividad comercial. Si bien algunos ciudadanos recalcaron que el hecho no representó a la totalidad de quienes participaron en la marcha, el episodio se impuso como tema central del día y puso en relieve la fragilidad de la seguridad política en épocas electorales.

Las investigaciones avanzan en paralelo al pedido de dirigentes y candidatos de Huila para que el Estado refuerce las garantías y esclarezca rápidamente las responsabilidades.

El incidente se produjo en una movilización cuyo fin era exponer las demandas salariales, pero terminó por evidenciar los riesgos de la politización violenta que afecta la vida democrática del país.